Prevista para esta semana, la Comisión de Industria, Turismo y Comercio constituirá finalmente mañana la ponencia de estudio sobre la seguridad y el impacto ambiental de las grandes instalaciones industriales, especialmente las químicas y petroquímicas, y del transporte de sus mercancías, a partir de una moción suscrita por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.
La parlamentaria andaluza no adscrita Ángela Aguilera celebra la iniciativa. La veterana política y activista vecinal, defensora de que el Campo de Gibraltar, una de las zonas de la geografía nacional más afectadas, cuente con una moratoria para frenar la ampliación e instalación de industria pesada, pide “un respiro para la comarca, que ha pagado con creces el desarrollo de una actividad económica altamente contaminante “sobre nuestras cabezas”.
El ejemplo palmario de la afección de la industria pesada, recuerda, es el traslado de las 70 familias de La Colonia de Puente Mayorga, en gran parte pescadores, a la nueva zona de Villa Victoria, también en Puente Mayorga, a raíz del accidente de dos petroleros en el pantalán de la refinería de Cepsa en 1985, que no se materializó, no obstante, hasta 2005.
“Aquello era una ratonera, la gente tenía miedo, no podíamos salir”, rememora, porque los habitantes desconocían, por un lado, el plan de emergencia química y, por otro, la única carretera que circunda las instalaciones es prácticamente impacticable”. Lo era entonces y lo es ahora, advierte.
Antonio Muñoz, portavoz del Grupo Ecologista Verdemar, responsabiliza a las administraciones, que permiten el crecimiento de las industrias en detrimento de los vecinos sin respetar la normativa en vigor. Se refiere, para ilustrar esta permisividad institucional, al otorgamiento de licencias municipales por parte del Ayuntamiento de San Roque para que Cepsa llevara a cabo desmontes, movimientos y gestión de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación del malogrado proyecto denominado Fondo de Barril, pues se basaban en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industria (Peysi, aprobado en 1993) en el área de la Bahía que no llegó a publicarse tras su aprobación en Pleno el 29 de noviembre de 2018.
No solo eso. La central térmica de Los Barrios volvió a funcionar pese a que la planta, propiedad de Viesgo, está destinada por la portuguesa EDP, que adquirió los activos, a convertirse a la producción y almacenamiento de hidrógeno verde, afectando a Palmones, Guadarranque y Guadacorte, y “tenemos a Acerinox, en ERTE ahora pese a que gana millones de euros, a apenas 50 metros, con un ruido ensordecedor y la emisión de gases contaminantes”.
Todo ello afecta a la salud, coinciden tanto Muñoz como Aguilera, que llevan décadas solicitando un estudio epidemiológico a las administraciones partiendo de informes como el elaboradopor la Universidad Pompeu Fabra, que señala un elevado índice de cáncer en el Campo de Gibraltar explicado por la polución industrial. “No se puede crear empleo a cualquier precio”, apuntan.
“No vamos a negar que la actividad influye en la contaminación”, reconoce José Manuel Rodríguez Saucedo, secretario general de UGT-FICA en el Campo de Gibraltar, pero subraya los avances tecnológicos para contenerla y la apuesta por el hidrógeno verde. En este sentido, la memoria de la Asociación de Grandes Empresas del Campo de Gibraltar (AGI) sostiene en la última memoria de actividad publicada, referida al año 2020, que los valores de emisiones han registrado un destacado descenso desde 2016, con una bajada del 34% en las de CO2. El documento destaca, igualmente, que se han invertido 31,7 millones de euros destinados a gasto a inversión en seguridad y salud laboral y 77,4 millones de euros destinados a gasto e inversión medioambiental, superando la cifra de los 384 millones en los cinco últimos ejercicios.
“La industria es fundamental para crear empleo”, argumenta, asimismo a su favor, Rodríguez Saucedo, tanto por la calidad del mismo y los salarios, que “repercute en otros sectores”. En las plantillas propias, el empleo directo ascendió a 4.240 personas, mientras que las empresas auxiliares, aquellas que operan día a día en las instalaciones de las asociadas de la AGI, ocuparon a 4.805 personas.
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