El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que contiene un conjunto de medidas urgentes en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico para apoyar al sector agrario para hacer frente a la situación prolongada de sequía, que compromete las producciones.
Las medidas aprobadas, que competen a seis ministerios distintos, tienen como objetivo contribuir al mantenimiento de la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en un contexto de dificultades acumuladas por la subida de los precios de insumos, materias primas y energía.
Así lo ha expresado en conferencia de prensa el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha detallado el contenido de las medidas y ha afirmado que se trata de un paquete "potente" con el que se espera mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias ante la sequía y que en su conjunto se estima que tenga un impacto unos 450 millones de euros.
Desde el inicio del año hidrológico, en octubre de 2021, el valor medio nacional de las precipitaciones ha sido un 41,1 % inferior al valor normal, y la reserva hidráulica nacional, a 22 de febrero, se situaba en un 40,5 % de la capacidad de embalse total, 12 puntos por debajo de la media de los últimos cinco años.
La situación es dramática en las reservas de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, que apenas alcanzan el 30 %.
MEDIDAS LABORALES
En materia laboral y de Seguridad Social, el real decreto-ley recoge medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.
En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.
Asimismo, se autoriza una reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas, de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, los dos más afectados por la situación de sequía.
Se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria.
MEDIDAS FISCALES Y ECONÓMICAS
En relación con medidas de carácter fiscal, se aprueba una reducción del 20 % del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos), una iniciativa que se estima que beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros.
También se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.
En lo relativo a las medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones, se aprueban medidas de liquidez con una línea de ayuda directa con un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector, además de avales en explotaciones agrarias y líneas de financiación de 2,7 millones de euros.
En cuanto al seguro agrario, se acordará, "a la mayor brevedad", las ampliaciones de crédito precisas a fin de que se pueda dar respuesta al incremento en la contratación producida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados.
Además, el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), una de las medidas más reclamadas por el sector.
AGUA DESALADA
Para ayudar al regadío, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) establece unas tarifas "asumibles" para el agua desalada en las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM).
Se actúa también sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 euros por metro cúbico, en toma de riego y con el coste del agua en la Conducción Júcar-Vinalopó, fijándose unos precios por metro cúbico de 0,295 euros en toma de postrasvase.
Además, se adoptan medidas urgentes para reducir los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, como la reducción de entre el 50 % y el 100 % de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua, o la puesta en marcha de obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.
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