La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, demandó ayer al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, jueces de refuerzo o jueces volantes que estén "lo suficientemente preparados y formados" para "resolver la situación coyuntural" por la que atraviesan los juzgados de lo Mercantil y lo Social en la región.
Tras reunirse con Dívar en la sede del CGPJ en Madrid, Naranjo aseguró que el encuentro sirvió para "poner encima de la mesa cuestiones que marcan la agenda de las prioridades" que se ha marcado el nuevo Consejo y con las que la Junta "está de acuerdo", entre ellas, esa petición de jueces de refuerzo que ayuden a solventar la situación por la que pasan estos juzgados.
En este sentido, la titular de Justicia andaluza también indicó que el órgano de gobierno de los jueces y la Administración autonómica también tendrán que acometer "algún tipo de actuaciones" para "avanzar" en la situación de los juzgados de violencia de género. Al respecto, indicó que "los momentos de difícil coyuntura económica" hacen que las diferentes administraciones de Justicia tengan que trabajar "más y mejor en la optimización de los recursos".
En esta "primera toma de contacto", en la que participaron los vocales territoriales del CGPJ de Andalucía, la consejera pidió a su presidente una mayor coordinación institucional para mejorar el servicio que la Justicia presta a los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a las decisiones que toma el órgano de gobierno de los jueces y que afectan a las competencias de la Comunidad Autónoma.
Al respecto, la consejera expresó su "satisfacción" por la puesta en marcha de la Comisión de Relación con las Comunidades Autónomas y Organización Territorial, un foro cuya primera reunión se celebrará en breve y que servirá para establecer un "diálogo fundamental y necesario" para que las regiones que tienen asumidas las transferencias de Justicia puedan poner en común los asuntos sobre los que incidan distintas esferas competenciales.
Además, Naranjo pidió a Dívar que se "inaugure una nueva etapa" de un "mayor grado de información" de modo que se logre cambiar la imagen actual que los ciudadanos tienen de la Justicia, labor que, a su juicio, es responsabilidad de todos los poderes del Estado y de las administraciones públicas.
La consejera también valoró la "amplia" presencia de vocales territoriales andaluces en el CGPJ, "donde es raro encontrar una comisión en la que no haya un representante de Andalucía", señaló. Con ellos, aseveró Naranjo, tratará "cuestiones más detalladas" que la administración autonómica quiera proponer al Consejo.
Rafael Tirado
Por otro lado, Naranjo negó que en el encuentro se hubiera comentado cuándo decidirá el CGPJ la sanción que impondrá al juez Rafael Tirado por el retraso en la ejecución de una condena al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés.
"Ni si quiera se me ha ocurrido plantear esa cuestión, que no forma parte de la competencia de esta consejera", concluyó.
Sobre este caso, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Juan José López Garzón, apuntó ayer que es "difícil" limitar el derecho de la información una vez que se haya levantado parcialmente el secreto de sumario del caso de Mari Luz, la niña que residía en el barrio onubense del Torrejón, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado mes de marzo.
En declaraciones a los periodistas, tras inaugurar las II Jornadas Nacionales sobre Protección de Medio Ambiente y del Patrimonio Cultural, López Garzón, en cuanto a las publicaciones que se están realizando recientemente sobre detalles de la autopsia de la pequeña, lamentó que este tipo de informaciones "reabran unas heridas tan dolorosas para la familia".
Sin embargo, añadió que "una vez levantado el secreto de sumario, no hay más regulación que la que los propios profesionales estimen, tratándose de una cuestión profesional que se puede compartir o no".
Por último, López Garzón señaló que la situación es "delicada", aunque recalcó que es "difícil" que con el levantamiento del secreto de sumario se estimen "limitaciones a la posibilidad de acceder a cualquier tipo de información respecto al caso".
