La consejera de Fomento e Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha insistido este lunes en que el Gobierno andaluz llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda si en su texto final observan que se invade competencias, además de asegurar que no se limitará en la comunidad el precio de los alquileres, una "medida negativa" que "reduce el mercado y eleva los precios".
Carazo ha remarcado en una entrevista a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, que "los informes que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial son claros respecto de ocupar competencias de las comunidades autónomas" y que si se diera el caso con la Ley de Vivienda desde el Ejecutivo andaluz "no podemos dejarlo así".
"Es por tanto que si se aprueban esos términos respecto a la invasión de competencias recurriremos al Tribunal Constitucional, y (estamos) muy vigilantes a la intervención que puede producir esa ley, sobre nuestro mercado, sobre el mercado de la vivienda", ha subrayado. La Consejera ha insistido también en que desde Andalucía no se limitarán los precios de los alquileres "tal y como quiere hacer el gobierno de España". "Sabemos que es una medida negativa, que en otras ciudades de Europa, pero en Barcelona, que se ha aplicado, ha reducido el mercado, ha elevado los precios", ha dicho.
En este sentido ha apuntado que en Andalucía "la libertad debe primar en un mercado que es muy sensible, y lo que tenemos que hacer, como estamos haciendo, es promover la construcción de nuevas viviendas protegidas. Casi 4.000 hemos promovido en cuatro años porque esa va a ser la solución para contar con un parque de viviendas social más importante y que dé acceso especialmente a los más jóvenes".
Carazo ha incidido asimismo en que han conocido el texto de la Ley "cuando se ha publicado". "Se está acostumbrando el Gobierno de España a hacer eso con todo, y no puede ser. Es preferible buscar el acuerdo de las comunidades autónomas desde el principio", ha sostenido, destacando que las regiones "no hemos sido convocadas a ninguna conferencia sectorial".
La consejera no matiza no obstante que la decisión de llegar al Constitucional aún no está tomada: "falta el trámite parlamentario". "Acaba de entrar en el parlamento, ahora toca a los grupos y con las alegaciones, la comparecencias de los agentes sociales, participar en el texto, cambiar parte de su articulado, y conforme sea aprobado, tomaremos la decisión con el texto definitivo", ha explicado.
