PP y Ciudadanos discrepan a la hora de exigir responsabilidades políticas tras poner punto y final a las comparecencias en el Parlamento de la comisión de investigación de Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe). Desde la constitución de esta comisión, hace ya casi tres años, tanto PP como Cs habían mantenido una postura y ha sido justo al final cuando cada uno ha querido marcar terreno propio. El motivo del desencuentro: Susana Díaz.
El PP señala a más de 30 personas en la Faffe, entre ellas a los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, además de la exconsejera y ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los populares creen que todos ellos deben asumir una responsabilidad política, sin entrar en otro tipo de responsabilidades como penales.
Sin embargo, Ciudadanos excluye a Susana Díaz, aunque según la portavoz de la formación naranja en el Parlamento, Teresa Pardo, sea una “pésima gestora”.
Susana Díaz, que sí acudió a la comisión de la Faffe y contestó a las preguntas, llegó a la presidencia de la Junta en 2013, dos años después de la extinción de dicha fundación. Cs cree que no se le puede achacar a ella el “desmadre” de la Faffe pero el PP sí e incluso ha pedido que Susana Díaz deje su acta como senadora.
Por otro lado, Vox ha incidido en su posición de ir “hasta el final” y acudir a los tribunales de Justicia. “Perseguimos que se conozca la verdad porque la comisión de investigación de la Faffe no tiene vinculación con los juzgados”, ha dicho el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien ha pedido, además, al Gobierno andaluz que “no entorpezca” la labor de Vox en los tribunales para saber la verdad del caso Faffe.
Unidas Podemos, que también ha presentado este jueves sus conclusiones, ha señalado a Manuel Chaves y a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio, porque “no impidieron las corruptelas”.
“Un montaje electoral”
El PSOE también ha presentado su documento de conclusiones y ha descrito “la total instrumentación partidista a favor del actual gobierno de la Junta de Andalucía”. La diputada socialista Soledad Pérez ha augurado un documento final del Partido “sectario y parcial, así como prevé su cercanía “a la próxima convocatoria electoral” y que sea “argumentario para desgastar a los gobiernos socialistas”, por lo que proclama que su actividad ha sido “una causa general contra los gobiernos socialistas” a pesar de que el objeto de la comisión ha sido “una Fundación extinguida y liquidada, que dejó de funcionar en el año 2011”.
Una vez que todas las fuerzas políticas han presentado sus conclusiones, el presidente de la comisión, Enrique Moreno, de Ciudadanos, tiene un plazo de 20 días para elaborar un documento de síntesis. A partir de ahí las formaciones cuentan con 15 días para presentar alegaciones, por lo que el dictamen final estará listo en marzo.
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