Según los datos que maneja la delegación de Vivienda, hay en la ciudad 2.700 viviendas de protección oficial ocupadas por familias que no quieren empadronarse. Es precisamente ahí donde tiene previsto actuar el equipo de Gobierno, que ayer anunció que en un plazo de tres meses, Procasa comenzará a empadronar de oficio a todos los titulares de VPO que no aparezcan en el censo como residentes en Cádiz.
El motivo está claro: "No se puede permitir que una persona que recibe una serie de ayudas públicas para ocupar una vivienda protegida porque no tiene recursos para costearse una de renta libre esté viviendo en otro sitio que no sea esa vivienda". Así lo explica la alcaldesa, quien asegura que la intención del Consistorio "no es actuar contra nadie, sino aplicar la ley".
Esto se hará en todos los casos en los que se ha detectado que el adjudicatario de una VPO, bien sea en régimen de alquiler con derecho a compra, o en régimen de venta, no esté debidamente empadronado en la dirección que le corresponde.
Teófila Martínez asegura que ya le han hecho llegar la denuncia de estos hechos al Defensor del Pueblo, quien está "trabajando en el tema". De la misma manera, afirma que se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para pedir su colaboración en este proceso de empadronamiento de oficio a los adjudicatarios de viviendas protegidas de la administración autonómica, pero estos "se han negado a colaborar". No obstante, según dice la alcaldesa, en los próximos tres meses se va a volver a requerir a la Junta que se involucre en el proceso y en caso de que vuelven a darles una respuesta negativa, "se les pedirá a través de las instituciones legales pertinentes. Justifica esto diciendo que "no se puede permitir que hagan oídos sordos a un fraude que se comente en viviendas que han adjudicado ellos mismos. En este caso, denunciaríamos tanto el fraude en sí como la falta en vigilancia que está cometiendo la Junta de Andalucía".
Una vez que se realice el empadronamiento de oficio, no habrá mayores consecuencias para los adjudicatarios de las VPO si estos aceptan el mismo, aunque no habrá forma de garantizar que se han instalado definitivamente en sus domicilios, excepto las habituales inspecciones de los técnicos municipales. Será en el caso de que no acepten dicho empadronamiento forzoso cuando el Ayuntamiento acudirá a las vías legales correspondientes para que se obligue a los propietarios a cumplir la ley, por lo que en última instancia, se verían obligados a renunciar a los derechos que tienen sobre las viviendas que les tocaron en sorteo.
Del mismo modo, al comprobar que las familias que habitan estas casas no son sus adjudicatarias, estas también tendrán que cumplir con lo que dicta la ley, es decir, se verán obligadas a abandonarlas.
adjudicaciones
Por otro lado, el Ayuntamiento anunció ayer que en la última semana se han adjudicado obras por un valor aproximado de 3,5 millones de euros para las 57 viviendas de protección oficial que Procasa ha anunciado que adjudicará próximamente. Algunas de ellas serán para jóvenes en alquiler con derecho a compra, y otras destinadas directamente a la venta.
Además, la alcaldesa anunció que una vez puesto en marcha el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, se sacarán próximamente a concurso 70 nuevas viviendas para jóvenes en alquiler con derecho a compra. Previsiblemente en septiembre volverán a salir a concurso otras 60 viviendas más.
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