El juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, que ha dado por concluida la instrucción del caso, ha remitido el sumario de la causa a la Audiencia Provincial de Málaga tras cerrar la instrucción del mismo, según apuntaron fuentes judiciales a Efe.
En el auto emitido y, según expresaron las mismas fuentes, se solicita para el ex alcalde marbellí 16 años y seis meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa continuada, fraude en concurso ideal con el delito de malversación de caudales públicos y societario, entre otros.
En el caso de Del Nido se piden 14 años por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental entre otros.
El pasado julio el juez comunicó a los procesados la apertura de juicio oral y la Fiscalía Anticorrupción acusó a los procesados de los delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad.
El fiscal pidió inicialmente para Muñoz una condena de 14 años de prisión y 48 de inhabilitación y Del Nido se enfrentaba en un principio a doce años y medio de prisión e inhabilitación durante siete años para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades, para contratar con las administraciones públicas y obtener concesiones o subvenciones de las mismas.
Además, solicitó cuatro años de inhabilitación especial para la profesión de abogado y diecisiete años más de inhabilitación para empleo o cargo público.
En este caso la Fiscalía acusó a un total de 18 personas entre las que también se encuentran el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, y cerca de una decena de ex concejales y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que se le acusa de prevaricación de funcionario público, dos delitos de falsedad documental y malversación.
El origen de este proceso es una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en la que consta que el abogado José María Del Nido, facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.
La Fiscalía estableció en aquel momento que había "abundantes y evidentes indicios" de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y, "en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado".
El Tribunal de Cuentas avaló las minutas
Por su parte, el pasado 24 de julio el Tribunal de Cuentas dictó una sentencia en la que se avalaba la procedencia y cuantía de las minutas percibidas por Jose María del Nido por parte del Ayuntamiento de Marbella por su actuación ante dicho tribunal.
La sentencia se producía como consecuencia de la demanda que interpuso el Ayuntamiento de Marbella contra el ex alcalde Julián Muñoz y los consejeros de Control de Servicios Locales SL Esteban Guzmán Lanzat y Modesto Perodia Cruz Conde, tras fiscalización de esta sociedad municipal.
El consistorio marbellí presentó la demanda como consecuencia de determinados pagos efectuados por la sociedad por un importe total de 3,3 millones de euros más intereses.
El Tribunal de Cuentas estimó parcialmente la demanda del Ayuntamiento y declara responsabilidad contable únicamente en unos 6.000 euros, más intereses.
La sentencia señalaba con carácter general que los defectos en el modo de contratación no suponen por si solos lesión o menoscabo a los fondos públicos, y que para declararse la existencia de responsabilidad contable por alcance es necesario, entre otros requisitos, que se haya producido en las arcas públicas un daño real y efectivo.
Para varios juristas consultados por Efe, lo verdaderamente trascendente de esta sentencia es que se refiera a las mismas minutas cobradas por Del Nido por la que la Fiscalía Anticorrupción ha formulado acusación contra el presidente del Sevilla FC y por las que ahora se piden hasta 14 años de prisión.
Según el Tribunal de Cuentas, "cabe concluir que el pago no resulta injustificado en términos de responsabilidad contable con los elementos de juicio de prueba de que se dispone, pues hay constancia de la realización del trabajo profesional del letrado".
Igualmente entiende que no constituyen alcance contable el resto de las minutas abonadas al letrado por otros trabajos profesionales por las que se formuló demanda, ya que el pago de las mismas corresponden a las concretas actuaciones profesionales llevadas a cabo por dicho letrado.
El juicio se celebró en tres sesiones diferentes, en marzo, mayo y septiembre de 2008.
El 13 de octubre de 1994 el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el GIL, acordó en sesión plenaria que la sociedad Control de Servicios Locales SL fuese la encargada de llevar la contabilidad y la preparación de las cuentas anuales de las sociedades municipales de la corporación.
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