Agentes de la Policía Foral adscritos a la Brigada Judicial Norte han desarticulado un grupo criminal que habría estafado casi 50.000 euros a distintas financieras a través de una trama ideada para realizar compras financiadas de robots de cocina a nombre de terceros.
En la operación han sido detenidas dos personas y se investiga a otras dos como presuntas autoras de sendos delitos continuados de estafa y usurpación de estado civil y un tercero de pertenencia a grupo criminal, informa la Policía Foral en un comunicado.
Se trata de tres hombres de 22, 49 y 53 años y una mujer de 56, vecinos de Pamplona y Madrid, que idearon una trama para realizar compras financiadas de robots de cocina a nombre de terceros, para lo que utilizaban la identidad usurpada y los números de cuentas bancarias de otras personas y empresas con las que les unían o habían unido alguna relación comercial y que, según se descubrió durante las investigaciones, desconocían el uso que se les estaba dando.
Estas identidades y datos bancarios los obtenían a través de falsos anuncios en portales de empleo y en un establecimiento de Pamplona, que hacía las veces de punto de recogida de pedidos "online". Para registrar y dar credibilidad a las falsas ofertas de empleo, utilizaban sin permiso ni conocimiento de los verdaderos titulares nombres de empresas reales.
Los presuntos autores aprovecharon la situación de estado de alarma para, valiéndose de las distintas medidas anticontagio (entrevistas "online" o por teléfono), ser contratados como delegados comerciales de la marca fabricante de los robots de cocina.
Esta era una condición indispensable para la venta de los aparatos, ya que sin ser delegado comercial no se puede vender esta máquina, explica la Policía, que añade que una de estas personas fue contratada en dos ocasiones, una con su verdadera identidad y la segunda con una identidad usurpada.
Una vez realizada la compra a través de la financiera, para poder recibir los paquetes los presuntos autores facilitaban una dirección postal errónea y un número de teléfono.
Al no poder localizar la dirección, los repartidores llamaban al número indicado y uno de los presuntos autores les informaba dónde entregarlo, cambiando los destinos para no levantar sospechas. Posteriormente vendían los robots en tiendas de segunda mano.
La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por una de las personas a las que se había usurpado el estado civil, en la que señalaba que una financiera le apremiaba el abono de las letras atrasadas por la compra de un robot de cocina.
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