El titular del juzgado de instrucción número tres de Sanlúcar de Barrameda ha comenzado a citar a los testigos en el supuesto caso de facturas falsas que la Fiscalía Anticorrupción ordenó investigar a finales del mes de abril de este año y en el que están implicados varios ex concejales de la etapa popular, así como el entonces interventor, la secretaria de uno de los ediles y tres administradores de las empresas que supuestamente habrían emitido estas facturas al Consistorio sanluqueño entre los años 2002 y 2005 por servicios que, al parecer, no se prestaron.
A partir de la primera quincena de enero están llamados a declarar el tesorero municipal del Ayuntamiento de Sanlúcar, así como el técnico que elaboró el informe que derivó en la investigación de la supuesta trama. También tendrán que declarar en calidad de testigos algunos de los jefes de distintas áreas a las que se dirigieron las facturas.
ANTECEDENTES
Los hechos, puestos en conocimiento del juzgado a finales del mes de septiembre de 2008 por orden de la delegada municipal de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz (PSOE)y, posteriormente, de la Fiscalía anticorrupción, reflejan una posible malversación de fondos durante los años 2002 a 2005 realizada a través de facturas que habrían sido emitidas por empresas sin que los conceptos por los que facturaron y cobraron del Consistorio sanluqueño hayan podido ser corroborados.
En el caso están imputados el ex edil del PP sanluqueño, Rafael Rubio, y su entonces secretaria, el aún concejal popular Marco Antonio Caballero y el que fuera en esta época interventor municipal en funciones, Isaac Bovillo. Del mismo modo, la Fiscalía Anticorrupción señaló a los administradores de las tres empresas presuntamente implicadas en la trama: Europa Corporación de Gestión SL, Documentos Electrónicos Digitales SL y Ceuta Mail SL, a las que el Ayuntamiento habría contratado para realizar estudios demográficos, para gestionar la contratación de un anuncio en prensa utilizando como intermediario con el medio de comunicación a una de estas empresas o para analizar los estados financieros del Consistorio.
Según se recoge en el informe, al que tuvo acceso Información, los pagos de las nueve de las once facturas bajo sospecha fueron realizados sin la firma de un técnico municipal para acreditar la veracidad del servicio y la corrección en los precios y el procedimiento de tramitación, lo que motivó las sospechas del técnico y de la actual delegada de Hacienda, Inmaculada Muñoz.
La fiscal Anticorrupción solicitó al juzgado de Sanlúcar que instruya las diligencias sobre los delitos cometidos en el caso de las facturas “falsificadas” emitidas por servicios “no realizados” con el objetivo de recibir dinero. Así, los imputados en este caso se enfrentan a la acusación de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y delitos continuados de falsedad en documento mercantil “con ánimo de lucro”. Además, la supuesta participación de políticos, técnicos y administradores mercantiles en este caso, probaría la responsabilidad de todos los que habrían elaborado documentos falsificados con la finalidad de apropiarse de dinero público.
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