La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha remitido a las comunidades autónomas de régimen común y a Ceuta y Melilla su propuesta de cálculo de la 'población ajustada', una propuesta inicial de reforma del modelo de financiación que recoge una de las variables esenciales del modelo.
El documento sobre esta variable, que determinará el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, servirá para iniciar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, como ha informado este viernes el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Como novedades, el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual del 38 % a una horquilla entre el 40 y el 45 %; mientras la educación pasaría del 20,5 % hasta una horquilla que varía entre el 25-30 %, en la que la educación no universitaria sería un 75-80 % de la misma y la universitaria el resto.
La ponderación del gasto en servicios sociales se abriría del 8,5 % a una franja entre un 6 y un 10 %, en la que el padrón de los mayores de 65 años pesaría entre un 80 y un 90 % y el de los parados entre un 10 y 20 %; mientras que la ponderación del resto de servicios se reduciría del 30 % a un baremo entre el 18 y el 22 %.
Finalmente, las denominadas "variables de corrección no poblacionales", que buscan garantizar una adecuada prestación de servicios en comunidades cuyas características geográficas inciden especialmente en sus necesidades de gasto, pasarían de ponderar el 3 % a una horquilla entre el 3 y el 4 %.
El Gobierno quiere abordar esta reforma "desde el diálogo y la cooperación" y para ello se propone "abrir un debate leal y riguroso, que supere la dialéctica de comunidades ganadoras y perdedoras, y que apueste por un modelo racional, en el que los intereses de todas las comunidades confluyan", indica la nota informativa de Hacienda.
En todo caso, la población ajustada no es el único elemento que configura el sistema de financiación, por lo que "la voluntad del Gobierno es ir cubriendo etapas para sacar adelante una reforma del sistema que requerirá de altura de miras y de la voluntad de comunidades y formaciones políticas para alcanzar un acuerdo".
La idea del departamento que dirige María Jesús Montero es que este documento reciba a partir de ahora y durante el mes de enero las aportaciones y observaciones de todos los territorios.
El informe remitido a las comunidades parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, lo que significa, subraya Hacienda, "que se ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que han participado en estos foros".
La propuesta incluye las siguientes propuestas sobre los indicadores básicos:
- Sanidad: el indicador pasaría de 7 a 20 grupos por tramos de edad quinquenales para precisar mucho más el coste real sanitario por cada una; se mejoran también los datos y las fuentes de información, teniendo en cuenta, por ejemplo, la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, primarios de salud, farmacia, prótesis, traslados y otros.
- Educación: el documento plantea varias opciones para conocer las preferencias de las comunidades, con diferentes evaluaciones de las necesidades de la población universitaria, no universitaria, de Formación Profesional y procedentes de otras comunidades.
- Servicios Sociales: el actual grupo de población de 65 y más años se dividiría en dos, de entre 65 y 79 años y mayores de 80 años, para una mejor adaptación a la realidad de este gasto; y como novedad se incluyen en esta variable los parados sin prestación.
- Resto de servicios: la propuesta es mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se mediría teniendo en cuenta la población total empadronada.
También se incluyen las siguientes variables correctivas no poblacionales:
- Superficie: se ponderaría en kilómetros cuadrados (a mayor extensión, más gasto).
- Despoblación: se contemplan diversas fórmulas de cálculo, como tener en cuenta la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media -sin incluir poblaciones con más de 75.000 habitantes- lo que permitiría reforzar el resultado de las comunidades más despobladas.
- Dispersión: en este caso se plantean dos posibilidades, bien considerar como población habitada áreas cuyas edificaciones y viviendas pueden ser perfectamente identificadas sobre el terreno y son conocidas por una denominación, bien conjuntos de al menos 10 edificaciones que forman calles, plazas y otras vías urbanas.
- Insularidad: se ponderaría en kilómetros de distancia a la península.
- Costes fijos: este factor, que es otra de las novedades, podría afectar a las siete comunidades de menor población y que, por lo tanto, tienen mayores dificultades de alcanzar economías de escala y los costes fijos tienen un mayor impacto para ellas.
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