Virginia Gómez Lebrón
Tras una larga espera de idas y venidas, el Parlamento Andaluz ha aprobado la nueva ley denominada “Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía”, conocida por el acrónimo de LISTA. Para unos, esta nueva normativa es un soplo de aire fresco, tras casi treinta años de complejidad burocrática y de inseguridad jurídica constante que provocaban las anteriores normas, (LOTA, LOUA, sus innumerables modificaciones, las transitorias, etc.) Sin embargo, para otros, esa apuesta por la supuesta simplicidad burocrática no deja de ser un gran regalo para los especuladores del ladrillo, para “los listos”, y por lo tanto un peligro para nuestra sostenibilidad urbanística.
La nueva Ley contiene bastantes novedades técnicas. Unifica bajo nuevos criterios, la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio, simplificando los procedimientos de aprobación. En la clasificación de suelos, pasamos a tener solo dos tipos, rustico y urbano, desapareciendo también los conceptos “consolidado y no consolidado”. Además, apuesta por un sistema dual de planeamiento urbanístico, es decir, se deberá desarrollar el Plan de Ordenación Municipal, el POM (lo que era antes el PGOU) para el diseño del modelo de ciudad a medio y largo plazo, y el Plan de Ordenación Urbana, el POU, como instrumento de ordenación detallada de la ciudad existente.
En resumen, ya que ahora la Junta de Andalucía dispone de seis meses para desarrollar los reglamentos, que serán los instrumentos legales donde se concreten todos los matices derivados de la nueva Ley, parece que la LISTA dará mayores competencias a los Ayuntamientos y eso, desde una visión municipalista simplista, puede sonar bien. Aunque si profundizamos un poco, veremos que para ello necesitaremos una mayor dotación de recursos materiales, humanos y, citando al economista Otto Hirschman, me atrevería a decir hasta morales, recursos de los cuales nuestra administración y equipo de gobierno carecen en la actualidad.
La implementación de la LISTA supone un reto para todas las administraciones, pero para El Puerto hacerlo medianamente bien supondrá el mayor de los retos conocidos porque es necesario recordar nuestra aciaga experiencia con los “listos”, los del pelotazo urbanístico que han primado sus intereses privados, ya sean de empresas o particulares, por encima de los intereses generales de los portuenses. Cuando hablo de experiencia en pelotazos urbanísticos, o en destrozar nuestro planeamiento, no me refiero solo al pasado ni de décadas atrás cuando destrozaron nuestras costas o permitieron la disgregación urbanística de viviendas bajo el amparo de alcaldes y concejales, algunos de los cuales han pasado, por estos y otros temas, bajo la tibia mano de la justicia, sino que, también estoy hablando de la actualidad, donde todavía tenemos gobernantes, como German Beardo, que nos quieren meter por la gatera proyectos sin sentido como el de Rancho Linares.
Por ello, desde Unión Portuense tenemos muy claro que necesitamos prepararnos para soportar la carga burocrática que se nos avecina, pero sobre todo para atar en corto a los “listos”, aquellos que solo ven en la nueva Ley una oportunidad para sacar beneficios, aunque eso suponga comprometer un pinar o invadir una playa. Trabajaremos y lucharemos para que no se repitan los errores del pasado, para que el devenir de nuestra Ciudad sea hacia un modelo de ciudad sostenible, y que, en definitiva, la LISTA se desarrolle respetando nuestro entorno ambiental, priorizando la convivencia y el bienestar de todos los portuenses.
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