La comisión que investiga en el Parlamento andaluz a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha citado por tercera vez a la expresidenta de la Junta Susana Díaz para que comparezca y declare el próximo viernes 3 de diciembre.
La comparecencia de la ex secretaria general del PSOE-A está programada para las 8.30 del viernes en una sesión de la comisión de investigación a la que también está llamado a partir de la 11.30 Antonio Tirado, representante legal de UGT Servicios Públicos Andalucía.
Además, a las 16.00, está prevista la declaración de Teodoro Montes, exjefe del Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla y testigo protegido de la juez Mercedes Alaya en la causa del presunto fraude de los cursos de formación.
La ex secretaria general del PSOE-A y senadora por designación autonómica, Susana Díaz, recogió en el Parlamento la citación para comparecer, por lo que la comisión de la Faffe da por notificado el requerimiento de la comparecencia.
Díaz fue citada a comparecer el 5 de noviembre, aunque comunicó que no acudía por no haber recibido la notificación formal, pero se mostró dispuesta a hacerlo.
Sin embargo, el presidente de la comisión Enrique Moreno (Cs) sostuvo que la petición de la comparecencia se envió tanto a su domicilio como al Senado con 15 días de antelación.
No obstante, fue el 7 de noviembre de 2019, tres días antes de las elecciones generales, cuando la socialista fue requerida por primera vez a comparecer.
En aquella ocasión tampoco acudió y registró un escrito en el que exponía que no había recibido la notificación en tiempo y forma.
La comisión, creada con el apoyo de todos los grupos y a petición del Gobierno andaluz de coalición de PP y Ciudadanos, tiene el objetivo de esclarecer y fijar las responsabilidades políticas de la irregularidades detectadas en la Faffe.
Desde esta fundación se usaron ocho tarjetas de crédito en gastos por un importe de unos 32.000 euros en 12 fiestas en prostíbulos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los cálculos del PP indican que la Faffe tenía 150 millones en ayudas públicas sin justificar cuando fue liquidada en 2011.
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