Andalucía

Navarro valora que se respete a las autonomías en el 'copago'

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  • Cada comunidad lo determinará en función de cada dependiente

La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, valoró que los decretos aprobados ayer en el Consejo Territorial de Dependencia que fijarán el 'copago' o la coparticipación de los beneficiarios en la cofinanciación de las prestaciones para los dependientes sean "muy respetuosos" con las comunidades autónomas.

 

Según lo aprobado ayer por el Gobierno central y las comunidades autónomas, en relación al 'copago', se ha establecido un máximo y un mínimo, entre los cuáles cada región tiene que establecer sus condiciones. Asimismo, acordaron que los dependientes con una renta inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 516,90 euros, quedarán exentas del 'copago' o de la cofinanciación de las prestaciones y servicios.

 

El Estado ejercerá su derecho para fijar mínimos y máximos en función del servicio que se preste pero serán las administraciones regionales las encargadas de estudiar cada caso en particular y de establecer los "criterios de aceptación que cada uno de los usuarios hace según el tipo de servicio que tenga", explicó la consejera.

 

Así, subrayó que el acuerdo alcanzado ayer garantiza que no se invaden las competencias de las comunidades autónomas. "Teniendo en cuenta la realidad de las personas, el ministerio nos permite la autonomía que tenemos pero se hace responsable de establecer un mínimo y un máximo común", añadió.

 

El encuentro concluyó con el acuerdo sobre los requisitos de calidad de los centros y servicios del Sistema de Dependencia, referidos no sólo a las instalaciones y equipamientos, sino también al personal. Sobre este último término, acordaron que en 2015 el cien por cien del personal tenga un título o cualificación profesional, ya que actualmente sólo lo posee un 30 por ciento.

 

Según adelantó Navarro a su salida del consejo territorial, la vivienda sólo computará para determinar el nivel de 'copago', en el caso de que el servicio que reciba el dependiente sea de atención residencial -o la prestación económica vinculada a este servicio- y no tenga personas a su cargo que continúen viviendo en su casa.

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