Málaga y Cádiz lideran el 'ranking' autonómico por infracciones detectadas por fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERTE) aprobados desde el pasado 14 de marzo de 2020, tras la irrupción del Covid-19, hasta el pasado 1 de octubre.
De acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno a preguntas formuladas por los diputados del grupo popular en el Congreso José Ignacio Echániz, María José García-Pelayo, Diego Movellán y José Ortiz, la Inspección de Trabajo finalizó en el periodo de referencia en Málaga un total de 1.228 expedientes y registró 298 infracciones por un importe de 2.643.540,78 euros. En el caso de Cádiz, se contabilizaron 223 infracciones al término de 1.088 expedientes, que suman sanciones económicas por valor de 802.752,40 euros.
En tercer lugar, se sitúa Sevilla, con 144 infracciones y 708.396,20 euros en multas; Granada, con 124 y 531.661,40 euros; Almería, con 76 y 391.107,44 euros; Huelva, con 66 y 259.809,60; Córdoba, con 53 y 242.265,46 euros; y, finalmente, Jaén, con 35 y 178.034,60 euros.
En el conjunto de España se han detectado 5.589 irregularidades, de las cuales, 1.019 corresponden a Andalucía, el 18,2% del total; y se ha cursado sanciones por valor de 26.570.315,55 euros, una quinta parte en la comunidad autónoma.
Pese a que la respuesta parlamentaria no detalla los tipos de infracciones ni las actividades económicas en las que se detectaron, Yolanda Carrasco, secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, se aventura a señalar al turismo como la que concentra un mayor volumen, tal y como “hemos venido señalando”, dadas las consultas y denuncias recibidas. También explicaría la distribución territorial de las irregularidades. “En Cádiz y Málaga hay una importante actividad en torno a este sector”, remarca, justo donde los registros de la Inspección de Trabajo son más elevadas.
Carrasco lamenta que el principal motor de generación de empleo cree puestos de trabajo precarios y, además, se produzcan estos abusos. “Estos datos nos alertan de la necesidad de cambiar la dinámica del empresariado”, apunta.
“Es una aberración, en cualquier caso, que se hayan beneficiado con exenciones y ayudas que hemos pagado todos, intentando ahorrar, por un lado, no pagando lo que debían incorporando a trabajadores sin darle de alta, por otro, y poniendo la mano a la administración”, remarca. Asimismo plantea reactivar la Inspección de Trabajo, reforzarla y digitalizarla para perseguir el fraude.
En este sentido, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, José Blas Fernández, recuerda que el sistema informático estuvo paralizado durante al menos tres meses por el ataque cibernético que sufrió el Ministerio de Trabajo a principio de verano pasado,y la Inspección “no ha estado muy agresiva”, actuando a instancias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De manera que, sostiene, “la dimensión del fraude en torno a los ERTE es incalculable” y cuestiona los datos de la respuesta parlamentaria porque “se quedan cortos”.
Tal y como advirtió en septiembre de 2020 en las páginas de INFORMACIÓN, la práctica ilegal más común detectada es la de continuar trabajando a puerta cerrada pese a estar acogido a la medida excepcional de protección del Gobierno o trabajar a tiempo completo a pesar de encontrarse en ERTE de reducción de jornada, pero también se han detectado otras argucias para beneficiarse de los fondos públicos en plena crisis.
En este sentido, apunta que hay quien se ha aprovechado al ser declarado no apto en periodo de pruebas en connivencia con el empresario, de manera que, con dos días de contrato, al margen de la cotización y sin cumplir la quincena, ha pasado directamente al desempleo con derecho a prestación. También ha bastado para cobrar del Estado alegar que existía intención de ser contratado por la empresa pero no haber podido incorporarse al puesto de trabajo por la pandemia. Incluso se han elevado las bases de cotización, añade, para poder recibir una mayor ayuda económica. Y, por último, se dio de alta a familiares y amigos, mientras que la Administración ha concedido ERTE por silencio positivo.
“Ha sido un descontrol porque la normativa se publicaba a las 23.55 horas para entrar en vigor cinco minutos después”, asegura, al tiempo que considera que “hay que sacar a los trabadores de esta situación ya”, con la prácticamente plena recuperación de la actividad económica.
El número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en Andalucía se situó a 30 de septiembre en 30.969 personas. Málaga es la provincia que destaca con un mayor número de trabajadores incluidos en ERTE, con 9.037, seguida por Sevilla con 8.259 y Cádiz con 3.632.
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