La Fiscalía Anticorrupción de Málaga dirigió el miércoles una operación, denominada 'Fuentespino', en la que se ha desarticulado una red organizada que presuntamente habría estafado una cantidad que supera los 65 millones de euros a más de 200 inversores no residentes en España, la mayoría de ellos ciudadanos británicos.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, del Equipo contra el Crimen Organizado y de la Comandancia de Málaga desarrollaron el miércoles el operativo y arrestaron a dos personas. La operación, realizada como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, continúa abierta, por lo que podrían llevarse a cabo nuevas detenciones y registros.
Además, los agentes practicaron seis registros en la provincia de Málaga. Según precisaron a Europa Press fuentes de la investigación, la operación se desarrolló principalmente en la zona de Fuengirola y Mijas y dos de los registros se practicaron en despachos de abogados de ese partido judicial.
Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola, que se encarga del caso y ha declarado el secreto de las actuaciones, imputó a 20 ciudadanos de varias nacionalidades. La querella relata presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública, según precisaron desde la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.
En el transcurso de las investigaciones, que han durado más de dos años, fue fundamental la cooperación internacional. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción formuló comisión rogatoria a las autoridades competentes del Reino Unido a través de la red Eurojust, lo que permitió la presencia de agentes españoles en el Reino Unido, que investigaron sobre el terreno a nueve personas y empresas que estaban implicadas en la operación.
Según explicaron, la investigación descubrió una trama dedicada a la captación de capital privado de personas residentes fuera del país, a cambio de participaciones en sociedades radicadas en España. Estas empresas estarían supuestamente dedicadas a la ejecución de proyectos inmobiliarios y les prometían importantes revalorizaciones y altas rentabilidades.
La operación 'Fuentespino' ha permitido la desarticulación de un entramado dedicado al enriquecimiento ilícito mediante la constitución de sociedades y el establecimiento de promociones y proyectos de inversión inmobiliaria inexistentes, aparentando una realidad empresarial que ocultaba sus verdaderas intenciones fraudulentas, precisaron desde la Fiscalía General del Estado.
Sistema empleado
El sistema de engaño utilizado para captar el capital de los estafados consistía en la adquisición de una serie de fincas rústicas, mediante una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal. Inmediatamente después, estas fincas son asociadas a una serie de empresas mercantiles de nacionalidad española, mediante su aportación al capital social de las mismas. Sin embargo, estas fincas son sobrevaloradas de forma ficticia, consiguiendo, así, detentar unas sociedades que aparentan estar respaldadas por un capital social elevado.
A su vez, estas empresas españolas son asociadas a una serie de proyectos inmobiliarios, principalmente relacionados con la construcción de complejos hoteleros y de ocio, desplegando a continuación toda una actividad de promoción de los proyectos que supuestamente van a desarrollar mediante Internet y teleoperadores telefónicos que, eso sí, se dirigían exclusivamente a posibles inversores no residentes en España.
A los potenciales inversores se les ofrece la adquisición de participaciones sociales de estas empresas, que figuran inscritas en el registro mercantil con un capital importante, aunque ficticio, ya que las fincas aportadas a su capital social habrían aumentado su valor en más de 10 veces su precio de compra, manifestaron.
Una vez que conseguían la firma, el pago se efectuaba a través de transferencia de dinero a una cuenta de otra sociedad, que es la comercializadora, y, posteriormente, se formaliza ante notario la adquisición de las participaciones sociales. Para ello, como los inversores están fuera de España, apoderan a la persona que designa la organización.
En este sentido, relataron que tras la remisión de documentos con las formalidades requeridas, y para continuar con el engaño, siguen el contacto con los inversores, informándoles sobre la evolución de los proyectos y los "retrasos" que van surgiendo en su ejecución, y así consiguen en muchos casos convencerles para que realicen nuevas aportaciones en otros proyectos.
Las sociedades receptoras, una vez ingresado el dinero en las cuentas de las que son titulares, los transferían en su mayor parte al exterior, con destino a paraísos fiscales, a las cuentas de los socios, administradores y empresas de los ahora imputados.
Para la representación legal, tanto en la compra de las fincas como en la venta de las participaciones, la red organizada utilizó los servicios de dos despachos de abogados, que representaban a los compradores extranjeros en los actos notariales y en otros trámites, según explicaron.
Las diligencias practicadas ha permitido hasta el momento la incautación de gran cantidad de documentos, tanto en soporte informático como en papel, e, igualmente, se está procediendo hoy a la intervención y volcado del contenido de los ordenadores.
También se han intervenido diversos vehículos y se ha procedido a dar orden de bloqueo sobre distintas cuentas bancarias, así como el embargo preventivo de varias propiedades inmobiliarias en las provincias de Málaga y Granada.
