La ley de Tributos Cedidos ya es una realidad en Andalucía gracias al impulso dado por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. PSOE, Unidas Podemos y diputados no adscritos votaron en contra en el Parlamento andaluz. Esta medida contempla una reducción de 330 millones de euros a las arcas públicas para que estén en manos de empresas, pymes y familias, un 2% de la recaudación. También incluye una bajada en el tramo autonómico del IRPF y se amplían deducciones para mayores, población rural y personas con discapacidad, entre otros. La Junta adelanta a 2022 la bajada prevista para 2023 en el tramo autonómico del IRPF, cuyo tipo mínimo aplicable quedará en el 9,5%, y el máximo en el 22,5%.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, durante su intervención en el pleno, ha manifestado que gracias a esta nueva norma “Andalucía se convierte en una tierra atractiva para la inversión” al dejar a un lado el “infierno fiscal”.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado que el camino emprendido por su gobierno “no tiene marcha atrás” y que seguirá la intención de “bajar impuestos”.
Por ejemplo, Bendodo ha dicho que la aprobación de la ley de Tributos Cedidos supondrá que “una persona que vende su piso por 150.000 euros se va a ahorrar 3.000. Antes pagaba 12.000 euros en impuestos y ahora serán 9.000”. También, ha añadido que “una familia numerosa que compre una vivienda por 250.000 euros se va a ahorrar 11.000 euros en impuestos de transmisión patrimonial”. Incluso, “una familia que tenga un hijo que lo adopte o lo acoja y resida en un municipio con problemas de despoblación, tendrá una deducción discal de 400 euros”.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha indicado que “otra vez se ve la cara ‘b’ del PSOE, la del no a las bajadas de impuestos”.
Precisamente, en representación del PSOE-A, el diputado Antonio Ramírez de Arellano ha pedido a los partidos que sustentan el Gobierno andaluz que “bajen los humos”, porque lo que han promovido es “una mini reforma fiscal para beneficiar a los que más tienen”, y “no una bajada masiva de impuestos”.
La presidenta del Grupo Popular en el Parlamento, Loles López, ha defendido la iniciativa al esgrimir que “baja impuestos a todos los andaluces, mete el dinero en el bolsillo de los andaluces” y ha alegado, con datos de la Agencia Tributaria, que la recaudación de Andalucía ha crecido en 600 millones de euros más.
El parlamentario de Cs Carlos Hernández White ha defendido que “las políticas liberales funcionan”, así como que con la reforma fiscal “se atrae economía sumergida a la economía real”.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, por el contrario, ha tachado de “gran estafa fiscal” esta proposición de ley que ha comparado con el “timo de la estampita”.
El parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha reclamado a PP y Cs que “sean honestos y reconozcan la contribución de Vox”, que ha considerado “decisiva”.
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