La Cámara de Cuentas de Andalucía ha constatado deficiencias en la aplicación informática del registro de la demanda quirúrgica en los hospitales públicos de Andalucía hasta el punto de que sólo un 21 % de los procedimientos con plazo de respuesta garantizado y un 19 % de los procedimientos sin garantía han sido registrados por el facultativo.
Así consta en un informe de fiscalización sobre la gestión de la lista de espera quirúrgica del sistema sanitario de Andalucía, entre enero de 2018 y septiembre de 2019, fecha en la que constaban 922.069 de pacientes registrados para la realización de 473.611 (51 %) intervenciones sujetas a garantía de plazo máximo de respuesta y 448.458 (49 %) pacientes para intervenciones de procedimientos que no disponen de garantía en el tiempo de respuesta.
Una de las deficiencias detectadas por este organismo es que la normativa reguladora no contempla que el facultativo inscriba al paciente en el Registro de Demanda Quirúrgica a través de la aplicación informática para la gestión de la demanda quirúrgica, lo cual impide verificar que todas las indicaciones quirúrgicas propuestas por los facultativos se corresponden con la demanda efectiva e inscrita, lo que "afectan a la fiabilidad y exactitud de la información generada sobre el número de pacientes en lista de espera y la demora".
De hecho, constan 7.102 inscripciones anteriores a 2018 y 11.443 registradas durante el 2018, que no registran movimiento desde su alta en la aplicación, lo cual provoca una acumulación de demanda que afecta al promedio del tiempo de demora y se cuestiona la pertinencia de la intervención indicada, apunta el informe de fiscalización.
También una incorrecta selección del origen de la indicación y la prioridad asistencial en la aplicación de demanda quirúrgica puede derivar en una inadecuada priorización del paciente para la programación quirúrgica, además de que impide diferenciar las intervenciones programadas de las urgencias diferidas.
En los cinco hospitales visitados constan 10.295 intervenciones, un 18 % sobre el total, realizadas en los 9 primeros días tras la inscripción del paciente, con origen de indicación consultas externas y preferencia asistencial normal.
Además, la Cámara de Cuentas apunta que se incumple la normativa que regula los procedimientos con garantía en el tiempo de respuesta, de forma que del total de hospitales públicos, el porcentaje alcanza un 26 % en los procedimientos con garantía de respuesta de 90 días, un 19 % en los de 120 días y un 10 % en los de 180 días, de modo que los promedios de demora en días alcanzan los 26, 40, 45, respectivamente.
Otras deficiencias del sistema que apunta el informe son la falta de criterios y homogeneidad en las derivaciones de los pacientes a los centros privados concertados, sin que conste justificación al respecto, y advierte de que no se han actualizado los precios máximos de los procedimientos quirúrgicos con garantía fijados en el Decreto 209/2001, lo "supone un desfase con el coste real de las intervenciones realizadas en los centros privados concertados, que debe asumir el paciente".
Asimismo, la Cámara recuerda que los hospitales, salvo contraindicaciones o patología del paciente, por criterios de eficacia (reducir la demanda quirúrgica) deben limitar en su ámbito las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria para mejorar su eficacia y, por tanto, la lista de espera.
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