Los más recientes procesos de suburbanización y metropolización en Andalucía han configurado nueve grandes aglomeraciones urbanas –las ocho capitales provinciales más el Campo de Gibraltar- en las que la incorporación de los núcleos próximos a la ciudad central como origen y destino de desplazamientos ha dado lugar a la configuración de un “área urbana polinuclear que conforma un mercado unitario de residencia y trabajo” en palabras del profesor Feria. La separación física de actividades en una aglomeración urbana que desborda los términos municipales, ha llevado a la generación espontánea de un modelo no planificado de movilidad caracterizado por un aumento en el número y distancia de los desplazamientos entre zonas residenciales, administrativas, de servicios, productivas o de ocio. Ese incremento en la distancia a recorrer se ha resuelto con uso intensivo del vehículo privado, dando lugar a severos problemas de contaminación atmosférica y acústica, congestión de tráfico, accidentes y segregación social, que empeoran la calidad de vida.
El necesario cambio hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible requiere que los habitantes de las ciudades modifiquemos nuestro comportamiento y utilicemos modos más sostenibles en los desplazamientos o el transporte público colectivo, especialmente en desplazamientos metropolitanos. Este cambio debe ser profundo y no se logrará sólo con la mejora en la eficiencia de los vehículos o la gestión del tráfico; requiere cambios en la forma en que pensamos y gestionamos la movilidad.
El modelo actual: los Consorcios de Transporte Metropolitano
Se ha señalado la cooperación, colaboración y coordinación de las competencias sobre transporte público a través de consorcios de transporte como uno de los pilares de la gobernanza metropolitana en la que, junto a los actores públicos, también se incorporan los agentes privados. Los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía son el fruto de la confluencia de la administración regional con las administraciones locales al objeto de establecer un sistema de transporte público que garantice la movilidad mediante una red integrada de transporte en cada una de las nueve aglomeraciones urbanas andaluzas. La Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía les otorgó carta de naturaleza como uno de los instrumentos para “favorecer y garantizar la intermodalidad, la movilidad y el bienestar social de las personas; la calidad del servicio y el desarrollo sostenible…”, tal y como se recoge en su exposición de motivos.
Los Consorcios han logrado establecer un marco tarifario integrado para la prestación de los servicios en cada aglomeración urbana de Andalucía, permitiendo reducir la heterogeneidad de precios y de títulos de viaje, facilitar la comprensión por el público usuario, construir una imagen de red de transporte público unitaria, favorecer la intermodalidad mediante la facilitación de los transbordos entre autobuses interurbanos y urbanos y medios ferroviarios, y optimizar la velocidad del servicio al separar la cancelación de los procesos de la venta y recarga de tarjetas multiviaje.
El modelo de Equo Verdes Andalucía: genuinas autoridades de transporte metropolitano
Si bien los Consorcios de transporte metropolitano han sido agentes activos en la mejora de servicios de transporte en las aglomeraciones urbanas, la implantación de un nuevo modelo de movilidad implica su superación en el marco de una necesaria y urgente Ley andaluza de áreas metropolitanas que, junto a la promulgación de la Ley andaluza de movilidad sostenible, es una asignatura pendiente que Equo Verdes Andalucía entiende de prioritaria atención.
La nueva realidad urbana requiere soluciones que superen el limitado marco de los términos municipales, sobre todo en lo que respecta a un derecho básico de ciudadanía como es el transporte pues es un servicio que permite el acceso a otros servicios y necesidades fundamentales. El transporte público ha de ser entendido como un derecho de acceso universal cuya gestión no puede continuar estando limitada por las competencias municipales y autonómicas. No es sostenible económica, social y medioambientalmente un sistema de transporte en el que colisionan los intereses de empresas operadoras, municipios y Junta de Andalucía, condicionando la prioritaria cobertura de las necesidades de desplazamiento de las personas usuarias.
La futura Ley andaluza de áreas metropolitanas deberá incluir necesariamente una autoridad de transporte, una novedosa forma de gestión conjunta y verdaderamente “orientada al usuario” -perdónenme la referencia mercantilista, pero la gestión de servicios públicos también debe asumir como obligación la obtención y reparto de beneficios sociales- de competencias tanto locales como regionales. Esta Ley debe ser la vía para alcanzar el objetivo que los Verdes europeos siempre hemos defendido y es que la organización del transporte público debe constituir una materia propia de las autoridades locales, superando el estrecho margen de la legislación local vigente.
Para ello es necesario en el ámbito político-administrativo que todas las competencias sobre transporte público recaigan en una autoridad independiente, sin subordinación y estrecha tutela directa de la Consejería competente en materia de movilidad, en cuyo consejo de administración participe la administración andaluza junto a las administraciones locales que ostentarían la mayoría de voto, así como representación de las personas usuarias, evitando cualquier capacidad de veto o entorpecimiento de las decisiones.
La financiación de las actividades de esta autoridad debería proceder, como sucede actualmente en los Consorcios, de la venta de billetes y recarga de tarjetas y de las aportaciones de las administraciones, siendo asumido el porcentaje más cuantioso por la Junta de Andalucía y, entre las entidades locales, por aquellas ciudades que cuentan con servicios de transporte urbano. Las subvenciones del Ministerio de transportes a estos últimos también contribuirían al sostenimiento de la autoridad.
En el ámbito técnico u operativo, en pro de la eficacia y la eficiencia, sería preciso en primer lugar entender todo el territorio metropolitano como un espacio único a efectos de prestación de servicios, sin limitaciones al tránsito de autobuses y a la toma y deje de pasajeros en todo el ámbito. El instrumento para la articulación territorial es un plan de sistema único de transporte metropolitano que racionalice la cobertura del área y evite el solapamiento de líneas, levantando las restricciones de tráfico en todo el territorio y trazando líneas que presten servicios tanto en la ciudad central, como de esta hacia los municipios metropolitanos y viceversa. Esta opción implica avanzar desde el actual modelo de concesión de servicios por el que una empresa operadora explota en exclusiva una línea hacia la gestión pública directa de todo el sistema, lo que facilitaría la flexibilidad y rapidez en la modificación de la oferta de transporte en razón de los cambios en la demanda, a un coste más reducido que el actual.
La gestión pública permite poner a las personas usuarias y sus necesidades de desplazamiento en el centro de la política de movilidad. En Andalucía existen experiencias exitosas de gestión directa del transporte urbano como son Tussam en Sevilla y EMT en Málaga, demostrando que la reivindicación de Equo Verdes Andalucía es perfectamente viable y aplicable. Lo único que es preciso es voluntad política.
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