Como reacción ante el ‘Tercer informe de estado de las políticas de energía de la Unión Europea’, donde se encuentran las directrices a 2030, merece la pena recordar varios capítulos ocurridos en la historia reciente de Europa y España, consecuencia de las políticas energéticas del ciclo 2005 a 2015, puesto que las directrices son una continuación: transición a un nuevo modelo energético, modernización de la economía en Europa, y lucha contra el cambio climático. Este tercer informe establece nuevos objetivos de emisión de gases de efecto de invernadero, de eficiencia energética y de producción primaria por energías renovables en cuanto a cifras a conseguir, y también se facilita una importante asignación económica para proyectos.
Todas las medidas son ya conocidas y se refieren al subsector eléctrico, que es el verdadero centro de influencia de las directrices europeas de la energía. Entre otras, está asignada la cantidad de 5.000 millones de euros hasta 2020 para inversión en infraestructuras por medio de PCI’s (proyectos de interés común) en la región del Báltico. “Para llegar a ser un PCI”, encontramos en las directivas y comunicaciones europeas, “el proyecto debe tener un impacto significativo en los mercados de energía y en la integración en el mercado de, al menos, dos países de la UE”. Además, los PCI´s van a ser seleccionados siempre que cumplan objetivos generales como la garantía de suministro, el incremento de la competitividad de los mercados de energía y la contribución a los objetivos climáticos.
El campo de pruebas donde se han ensayado estas políticas basadas en PCI´s lo tenemos aquí, en casa: España y Portugal en la actualidad comparten la red de distribución eléctrica y el sistema de comercialización y establecimiento de precios al consumidor, como resultado de la aplicación de los PCI´s en el pasado reciente. ¿Cómo es posible entonces que estas estrategias de optimización de medios repercutan en una electricidad más cara para el consumidor?
Sabemos la respuesta: el objetivo de la UE es pro-mercantilista y por tanto, defiende la generación de rentas. Siempre ha sido mercantilista, pues así ha sido establecido y enunciado en todo momento y no podemos decir que no lo sabemos. Incluso, en el tercer informe indica que ahora existe una buena oportunidad para la inversión en el sector. Así que, donde no hay «mercado de energía», se crea, tal y como ha sucedido en el caso de las naciones ibéricas. Sabemos que así es como se ha potenciado la figura del especulador y esto se ha traducido en perjuicio directo al consumidor, por subida de precios de la energía eléctrica.
Es indiscutible que estas políticas siempre producen subida de las tarifas. La subida de las tarifas en el caso español obedece a que, donde antes existía una entidad (hasta 2009, existía la Compañía Nacional de Electricidad) gestionada como empresa estatal, con rentas a favor de los Presupuestos Generales del Estado, surgen varias compañías -tras la privatización del subsector- por desmembramiento. Son empresas en conjunción, pues se soportan unas a otras y la separación entre ellas es artificial o forzada: mientras un tipo de compañía hace la producción, otro tipo hace la distribución y otro tipo de compañía hace la comercialización. Todas hacen un servicio que ha de ser repercutido al cliente.
Cada uno de estos tipos de compañía ha de generar al final de ejercicio un beneficio industrial a costa de la facturación final al cliente, como es obvio. Y el beneficio industrial de la primera compañía, de la productora, repercute en coste para la siguiente, la comercializadora. Por supuesto, el Consejo de Administración de cada compañía ha de ser remunerado, lo cual, igualmente, repercute en el incremento de costes de producción.
En conclusión: la compartimentación de la empresa de suministro de energía en empresas varias implica un incremento del beneficio industrial y, en consecuencia, un encarecimiento de las tarifas al consumidor.
De esta forma, el subsector eléctrico ha cambiado su naturaleza, perdiendo el carácter de servicio público con el que nació, a la vista de los objetivos prioritarios marcados por la UE. Es fácil olvidar el carácter de servicio público cuando no hay publicada, puesto que no existe, ninguna concesión público privada ni ninguna figura administrativa (como un pliego de condiciones) que soporte la vinculación entre las compañías y la Administración.
La seguridad de suministro en España (o quizás, un exceso de celo por la seguridad) debió de ser lo que llevó al subsector eléctrico a la construcción de veinte mil centrales de ciclo combinado de 1MW, situadas a discreción, en los polos de desarrollo industrial y urbanístico que las compañías construyeron; levantadas entre los años 2007 y 2012, ninguna de ellas ha vertido un solo kilowatio-hora a la red. Como todos y todas sabemos, no ha sido necesario: la crisis de deuda ha provocado un descenso en la demanda de energía, paralelamente al decrecimiento económico de la nación.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y socioeconómica, por no decir, «de la ecología», es recomendable solicitar la cancelación y la reversión completa de las políticas de energías de la UE para las próximas décadas. Estas políticas ya han sido ensayadas y han supuesto un éxito económico-privado arrollador y un fracaso social y ecológico también rotundo.
Ignacio Caballero
EQUO Granada
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