La economía de crecimiento permanente en la que estamos inmersos, adicta al consumo de energía, ha incrementado la concentración en la atmósfera de gases perjudiciales para la salud.

Monóxido de carbono (CO) producido en la combustión incompleta de vehículos a motor, en áreas muy urbanizadas. Dióxido de carbono (CO2), principal causante del incremento de la temperatura de la Tierra, cuya reducción permitiría que el ciclo del carbono alcanzara el equilibrio, a través de los grandes sumideros de carbono, como el océano profundo y los sedimentos. Monóxido de nitrógeno (NO), generado en la quema de combustibles fósiles en transporte e industria, uno de los gases que producen lluvia ácida. Dióxido de azufre (SOâ‚‚) generado en la combustión del carbón y que también causa lluvia ácida… y algunos más. Son gases que están alterando la atmósfera y generando muchos problemas de salud no sólo a los humanos.

Los contaminantes pueden recorrer grandes distancias porque los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de caer con el rocío o con la lluvia ácida.
Frente a la emisión de gases como estos, el uso de filtros u otros mecanismos para minimizar los efectos de la quema de residuos que se da en industrias cementeras no es suficiente para dar por buena esta actividad. Y es lo que desde hace unos años se viene proponiendo: quemar residuos como combustible. Se dice que es un buen método porque se ahorra en la quema de coque de petróleo, combustible habitual en las cementeras. Además, lo plantean como método para deshacerse de residuos.

Pues bien, no es todo lo inocuo que pretenden vendernos los responsables de las cementeras, ni tampoco lo es si sirve para asumir que es una buena manera de eliminar los residuos que generamos. Ese es uno de los principales argumentos que esgrimen para dar por buena esa “valorización energética” que hacen las cementeras. Su bondad se debe, entre otras cosas -declaran-, a que reduce la deposición de residuos en vertederos y, por tanto, evita invertir en la construcción de plantas incineradoras. Pero no acumular residuos en vertederos y dispersarlos en el aire no debe considerarse como un buen método de eliminación de residuos, porque en el aire son contaminantes que generan dificultades respiratorias y provocan otros problemas de salud.

Cada año, 5.250 millones de toneladas de residuos reciclables terminan en los vertederos e incineradoras europeas. Su reciclaje supondría evitar en la atmósfera aproximadamente 148 millones de toneladas de gases contaminantes. Además, por cada tonelada de residuos que se recicla, se multiplica por diez la generación de empleos respecto al número de trabajos que se crearían si se incinera o envía a vertederos la misma cantidad de residuos. Por tanto, es cierto que interesa disminuir lo que llega a los vertederos, pero no hacerlo quemando los residuos generados en exceso, sino evitando que lleguen a generarse, es decir, aplicando la directiva 2008/98/CE sobre residuos, que insta a los estados miembros a priorizar la prevención (aquello de que el mejor residuo es el que no se genera) y reutilización, fomentando un reciclado de alta calidad mediante la recogida selectiva de residuos. En definitiva, si queremos aire mas limpio, disminuyamos los residuos que generamos.

La jerarquía aprobada a nivel estatal y europeo en materia de residuos prioriza la reutilización y el reciclaje sobre la incineración, o valorización si así prefieren nombrarla. Y lo que se hace dando autorizaciones a las cementeras es despreciar el valor que puedan tener los materiales recuperados, reutilizados o reciclados en una economía circular que es hacia donde deberíamos ir.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático señala como medida para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial la reutilización y reciclado de materiales y no su incineración. Este enfoque se mantiene en el texto de la Estrategia española de lucha frente al cambio climático.

La política comunitaria en materia de residuos nos insiste en que la jerarquía para la gestión es: prevención, reducción, reciclaje, valorización material, y como última opción, la incineración/eliminación. Así que, de acuerdo a la reciente postura de la Corte Europea de Justicia, la incineración –con o sin valorización energética– habrá de tener la misma consideración que la eliminación, es decir, será la última opción.

Parece, además, que hacerse cargo de la gestión de residuos -que es lo que dice hacer la industria cementera- es una actividad económica rentable. Las cementeras autorizadas negocian con la venta de emisiones de COâ‚‚ y reciben subvenciones fruto de los derechos de emisión al considerarse, falsamente, que la quema de residuos es neutra ante el cambio climático, por lo que se les contabilizan menos emisiones de las reales. El mercado o intercambio de emisiones es en realidad un enorme problema. Necesitamos reducir la cantidad de carbono en la atmósfera a 350 ppm si queremos evitar un desastre climático, y no se puede plantear como solución el comercio de emisiones.

Pero es que, además, la incineración tiene unos niveles de aprovechamiento energético muy pobres, por lo que se podría decir que la ventaja de quemarlos como combustible es escasa.
Necesitamos con urgencia un Plan de gestión de residuos sostenible y activo, en la búsqueda del residuo cero, que debería ser el objetivo principal hacia el que encaminarnos. Y ese objetivo, desde luego, no pasa por “valorizarlos energéticamente”, sino por disminuir su generación.

Por todo lo explicado hasta aquí, se me hace difícil entender que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el señor José Fiscal, un año más decida ponerse al lado de la patronal cementera y se confirmase su presencia –aunque finalmente no acudió, pues coincidía con el pleno del Parlamento- en un acto organizado por la misma para promocionar actividades que no redundan en beneficios ambientales ni de salud para quienes viven en las cercanías de sus instalaciones, como le recuerdan las plataformas contra la incineración en cementeras.

Un estudio científico elaborado por el Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Instituto de Salud Pública Carlos III corrobora lo reivindicado por estas plataformas: en este estudio se comprueba, analizando al impacto de las incineradoras e instalaciones para la valorización o eliminación de residuos (sean estos peligrosos o no), que existe un riesgo mayor de muerte por cáncer en los municipios ubicados en un radio de cinco kilómetros de estas empresas, y especifican que dichas instalaciones amplían su afectación a 50 kilómetros a la redonda.

Por tanto, hay que buscar y plantear alternativas de funcionamiento que no pasen por la quema de residuos. Es la salud de las personas lo que está en juego.

Carmen Molina
Coportavoz de EQUO Andalucía Verdes y parlamentaria andaluza