El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite el recurso presentado por la Junta contra la exclusión de ex altos cargos en las piezas separadas sobre ayudas concretas de los ERE, en el que el Gobierno andaluz denunciaba que su exclusión dejaba "impunes" los perjuicios a las arcas públicas.
La Junta desistió de ejercer la acusación particular en la pieza política del caso ERE por la que se enjuicia a 22 ex altos cargos por prevaricación y malversación al crear o mantener el "procedimiento específico" por el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas públicas presuntamente de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el auto del juez instructor que cerró la investigación.
Posteriormente, algunos de esos ex altos cargos, como los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, han sido excluidos de diversas piezas separadas sobre ayudas concretas al considerar que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos, una decisión de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla contraria a la del tribunal que enjuicia la pieza política para la que en la misma no se juzgan las ayudas concretas.
La Junta elevó en noviembre un recurso de amparo al Constitucional, concretamente contra la exclusión de Fernández en una pieza separada por una ayuda concreta, al considerar que al apartarlo de la misma se le "veda el acceso de la Junta a la acción penal para perseguir" hechos "indiciariamente delicitivos" que "habrían provocado un enorme quebranto a la Hacienda Pública" y que de este modo quedarían "impunes".
En una providencia fechada el 26 de febrero, a la que ha tenido acceso Efe, el Constitucional acuerdo "no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión".
El recurso al Constitucional fue la vía que emprendió el Gobierno andaluz para poder exigir responsabilidades civiles por el presunto fraude en la concesión de ayudas de los ERE tras renunciar a ejercer la acusación particular en la pieza política, al considerar que no existió un plan para idear un sistema para defraudar sino que se produjeron fraudes puntuales en algunas de las ayudas dadas.
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