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Almuñécar

Varias sentencias reclaman a Almuñécar más de 2,6 millones de euros

Derivados de los convenios urbanísticos que Benavides cobró por adelantado de un PGOU que nunca se tramitó, ni se llevó a aprobación definitiva.

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  • Vista de La Sandovala desde la avenida Costa del Sol de Almuñécar.

El Ayuntamiento de Almuñécar tiene que hacer frente a un nuevo pago de dos millones seiscientos setenta y dos mil euros, en concepto de devolución de convenios ilegales que firmó, Juan Carlos Benavides, entre los años 2004 y 2006, cuando era alcalde sexitano. Y que ahora han llegado las sentencias condenatorias.

Concretamente, se trata de cuatro convenios: ‘Torres de Almuñécar’ que en teoría se iba a ubicar junto al parque de bomberos, por 2.300.000€, y otros 3 más:‘Constrop’, planeado en la Cuesta del Marchante, ‘Almuñécar Puerto Centro’, la famosa marina seca de la Sandovala y ‘Alboscasa’en La Herradura,que entre los 3 suman un montante de 372.000€.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha lamentado que “15 años después, el nefasto gobierno de Juan Carlos Benavides, aún esté teniendo consecuencias negativas para los vecinos de Almuñécar y La Herradura”.

Ruiz Joya ha explicado que “estos convenios ilegales suponen una hipoteca para las arcas municipales, con unas secuelas, cuyo peso tenemos que soportar los almuñequeros y herradureños”.

“En total, -ha aclarado el regidor sexitano- han sido ya más de 8.000.000 de euros, que hemos tenido que devolver, de capital más intereses, adelantadosal Ayuntamiento por particulares, propietarios de terrenos y por promotores y empresas, que habían planeado sus construcciones en un PGOU que era una calamidad, porque se envió a la Junta de Andalucía sin el más mínimo rigor, ni los documentos necesarios para que la administración autonómica lo estudiara”.

Ruiz Joya ha declarado que la manera de gestionar de Juan Carlos Benavides supuso, por un lado, la ruina para muchas familias, que en muchos casos pidieron préstamos para hacer frente a esos pagos por adelantado, que tuvieron que devolver sin que en sus terrenos se pudiera hacer nada y, por otro lado, la quiebra de muchas empresas y el despido de sus trabajadores.

Esos convenios fueron impugnados por los propios propietarios y promotores, cuando se dieron cuenta de que sin la aprobación definitiva del PGOU, no podrían llevar a cabo las construcciones planeadas.

Por su parte el concejal de Hacienda, Rafael Caballero, ha expuesto que “este nuevo revés para las arcas municipales, implica que tendremos que abrocharnos el cinturón y recortar de otras partidas para hacer frente a la devolución de estas cantidades”.

El alcalde sexitano ha recordado que demostró, además, con documentos, que esas empresas que adelantaban esas cantidades, al día siguiente pagaban facturas desorbitadas a la televisión que entonces dirigían familiares de Benavides y de su secretario general, Rafael Contreras, y que la justicia encontró en esa conexión indicios de delito, pero que los hechos ya habían prescrito.

Para finalizar, Rafael Caballero ha aclarado que el planeamiento contempla que los propietarios o promotores de terrenos, en zona urbanizable, tienen que ceder para uso público el 10% de sus tierras para destinar a equipamientos: calles, aceras, jardines, zonas deportivas y administrativas, etc. “Los propietarios adelantaron el 5% en dinero, que debería haberse quedado en las arcas municipales para la realización de esas infraestructuras, pero, como ya se explicó en su momento, ese dinero desapareció durante la campaña electoral en la que gobernaba Juan Carlos Benavides”.

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