La Audiencia Provincial de Almería acogerá el día 13 un nuevo juicio contra un empresario vinculado al 'caso Facturas', por el que le fueron impuestos 7 años y 10 meses de prisión por un delito agravado de malversación al exvicepresidente de la Diputación de Almería Luis Pérez Montoya, por el saqueo de 706.053,52 euros del Patronato de Turismo a través de la emisión de facturas falsas.
En la vista oral principal también fue condenada la exsecretaria del Patronato de Turismo María Teresa González a 9 años y 10 meses de cárcel, si bien el Tribunal Supremo (TS) rebajó en su caso la condena a 7 años y 10 meses de prisión, al estimar parcialmente el recurso presentado contra el fallo de la Audiencia Provincial.
La calificación del fiscal señala que el acusado, M.M.J., administrador de Viajes Ejisol SL y Alisol SL, se concertó con el exvicepresidente de la Diputación de Almería, Luis Pérez Montoya, y la secretaria delegada del Patronato Provincial de Turismo, María Teresa González, para emitir facturas por "conceptos no reales" que luego serían abonadas por esta última entidad.
Según el Ministerio Público, el acusado no sólo facturaba servicios "efectivamente prestados", sino que también confeccionaba otras facturas que presentaba al Patronato con el concepto que, supuestamente, le habían indicado Pérez Montoya y González, en este caso correspondientes a viajes que no se habían realizado.
De esta forma, en diciembre de 2008 habría presentado al Patronato un total de ocho facturas "simuladas" por un total de 12.000 euros, y entre junio y agosto del año siguiente otras seis facturas que "no reflejaban ningún servicio prestado", por un importe global de 7.042,12 euros.
El fiscal incide en que la secretaria delegada del Patronato, estampó en ellas su firma y el sello correspondiente, validando la realidad de las mismas a pesar de "tener conocimiento" de su falsedad, rubricando posteriormente parte de las mismas Pérez Montoya.
En este punto, añade que el exvicepresidente provincial también dictó notas de régimen interior dirigidas a la intervención para que se procediera al pago de las mismas con cargo a "acuerdos generales" del consejo ejecutivo del Patronato.
Añade que "no ha podido determinarse el destino final de la cantidad total sustraída al organismo público".
Por estos presuntos hechos, el fiscal solicita tres años y cinco meses de prisión para M.M.J. por un delito de malversación de caudales públicos, y un año más de cárcel por un delito de fraude a la administración. También solicita multas, que el acusado sea privado de "honores, empleos y cargos públicos", y que indemnice a la Diputación de Almería con 19.042,12 euros.
Pérez Montoya y González fueron condenados porque, a finales del mes de septiembre de 2007, acordaron un plan para destinar los fondos públicos de este organismo "bien para gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas, o para fines desconocidos ajenos al destino público a que estaban destinados".
Para ello, se pusieron de acuerdo con empresarios que, o bien eran proveedores habituales del Patronato de Turismo, o bien los asociaron al Patronato para este fin y que elaboraban facturas por servicios que no se prestaban o estaban infladas.
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