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Viernes 23/04/2021

Almería

Aplazan la declaración del alcalde de El Ejido por delitos contra la Hacienda Pública

Para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por falsedad en documento público y contra la Hacienda Pública

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  • El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP).

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha acordado aplazar al viernes la declaración del alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por falsedad en documento público y contra la Hacienda Pública.

Los magistrados han atendido a los argumentos del abogado de Góngora, Juan Marfil, y han suspendido las sesiones de hoy y mañana, ya que de forma previa al inicio del juicio dictarán un auto para determinar si el partido político PAL está legitimado para actuar como acusación particular o popular, pero, no se pronunciarán sobre la posible prescripción de los delitos fiscales que se le imputan hasta que se dicte sentencia.

La calificación del fiscal recoge que Francisco Góngora, su padre G.G.P., su hermano J.G.G.C. y un cuarto socio, S.L.P., constituyeron en junio de 2000 la empresa Agrícola Euroalpujarra SL para adquirir una finca rústica en el pareja 'Loma de los Hornillos' de El Ejido el 14 de junio de ese año.

La finca se compró por 300.506,05 euros y según el fiscal, su actividad ha sido nula, limitándose a la compra de la misma, el pago de su préstamo para ello, la venta de ésta y la cancelación del préstamo.

En abril de 2001 el pleno del Ayuntamiento aprobó el PGOU e incluyó la finca en un sector manteniendo los usos previstos en el avance de 1998, donde se calificaba parte como suelo urbanizable y el resto no urbanizable.

La comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta aprobó definitivamente dicho PGOU en julio de 2002 y en agosto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien posteriormente se aumentó la superficie no urbanizable de la finca debido a un reajuste del viario.

Así, los socios de Agrícola Euroalpujarra SL firmaron el 19 de abril de 2004 un contrato privado con A.G.M., administrador de Murgi Edificaciones SL, y acusado como el resto de un delito de falsedad en documento público y otro contra la Hacienda Pública, por el que le transmitían a esta empresa 32.000 metros cuadrados del área urbanizable de la finca por un precio de 1.538.560 euros.

Estipularon el pago fraccionado de esta cantidad en cuatro plazos, si bien aparte del pago inicial de 588.322,50 euros sólo se abonó en noviembre de 2004 otro pago de 400.000 euros.

Sin embargo, el fiscal sostiene que puestos de común acuerdo con el "ánimo de causar un perjuicio económico a la Hacienda Pública" mediante la alteración de la base imponible del impuesto de sociedades, el 21 de agosto de 2007 elevaron a escritura pública la compraventa realizada tres años antes.

En dicha escritura consignaron que "se habían recibido por parte de los vendedores 400.000 euros abonados en noviembre de 2004" y en lugar de fijar el precio en 1.538.560 euros, consignaron un total de 918.312,03 euros, asegurando que el resto del precio se abonaría mediante un cheque de 276.613,82 euros y otro cheque de 177.698,21.

Ese mismo día, J.G,G,C,, en calidad de administrador de Agrícola Euroalpujarra SL y A.G.M. en nombre de Murgi Edificaciones SL, Antonio García Molero, "con igual ánimo falsario" y de causar un perjuicio a la Hacienda Pública, otorgaron escritura pública de compraventa de dos locales comerciales de la última mercantil por importe de 174.453,76 euros, afirmando los vendedores que habían recibido el precio mediante cheque "cuando realmente no se abonó cantidad alguna".

"De esta forma, la base imponible del Impuesto de Sociedades que gravaba la operación de compraventa quedaba alterado por los acusados al no declarar el precio real 1.538.560 euros de la compraventa de los 32.000 metros cuadrados de la finca ubicada en el paraje Loma de los Hornillos (...) y la venta ficticia de los referidos locales comerciales por el precio de 174.453,76 euros", y Hacienda dejó de ingresar 296.072,03 euros.

El fiscal pide para los cinco acusados 4 años de prisión y el pago de una multa de 1.184.288,12 euros, además del abono conjunto y solidario a la Administración Estatal de la Administración Tributaria de 296.072,03 euros y la cantidad defraudada.

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