El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado hoy en pleno la hoja de ruta que debe terminar con los asentamientos de infraviviendas localizados en la comarca, y que ha sido configurado desde un modelo de pura cogobernanza.
El documento ha sido elaborado por un equipo de catedráticos, profesores e investigadores de la Universidad de Granada y, tras un largo proceso de puesta en común, se ha convertido en el primer plan de trabajo que cuenta con el consenso de empresarios agrarios y las ong que trabajan a pie de campo con el fenómeno de los asentamientos.
Además del Ayuntamiento de Níjar, como iniciador de la que pretende convertirse en la "solución final", el resto de las administraciones públicas superiores jerárquica y competencialmente también han mostrado su agrado por la iniciativa que, entre otros colaboradores necesarios ya cuenta con el apoyo formal de la entidad Cajamar y su propuesta en firme de financiación específica para esta iniciativa.
La actuación programada recoge no sólo un diagnóstico, sino que incorpora una intervención concreta con soluciones habitacionales para los trabajadores que campaña tras campaña buscan un empleo en el campo de Níjar. Una parte fundamental es la pormenorizada visualización de las soluciones habitacionales compartidas, que tendrán que quedar desalojadas al finalizar la temporada para su acondicionamiento de cara a la siguiente campaña.
El estudio, al que ha tenido acceso Efe, propone instar a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía a la consignación presupuestaria de subvenciones nominativas específicas para la edificación de viviendas en fincas agrícolas en el Campo de Níjar, destinadas a alojar trabajadores inmigrantes.
"Estas subvenciones, en lugar articularse mediante procedimientos de concurrencia competitiva, deberían ser concedidas en función de las necesidades socioeconómicas y humanitarias particulares de la zona, y de la de urgencia e impacto de su cobertura", dice el texto.
También contempla convenios de colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, con la finalidad de eliminar las infraviviendas, y la colaboración con la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias en la captación y canalización de fondos procedentes de instituciones de la Unión Europea.
Los investigadores de la UGR recomiendan que antes de acreditar la segregación social, la marginación y la exclusión residencial en asentamientos se formule ante el Gobierno andaluz una propuesta motivada para que las extensiones territoriales del Campo de Níjar donde se ubican los asentamientos sean formalmente reconocidas y declaradas como Zona con Necesidades de Transformación Social.
También sugieren la implantación de un procedimiento para que los empresarios agrícolas que participen activamente en la puesta en funcionamiento de dotaciones habitacionales para trabajadores agrícolas inmigrantes puedan obtener un Certificado de Responsabilidad Social sobre Viviendas, y que se cierren convenios con otros Consistorios con problemas similares y con asociaciones empresariales.
Entre otros, también se proponen acuerdos con ONG, retomar e intensificar la actividad de la Mesa de Vivienda y la Mesa del Tercer Sector, declarar formalmente la edificación de viviendas en las fincas agrícolas para trabajadores inmigrantes como Actuación de Interés Público, e impulsar la tramitación de Proyectos de Actuación Urbanística y agilizar su aprobación.
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