El empresario Juan Antonio Galán, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de detraer mediante sobrefacturación a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido 15,6 millones de euros de dinero público entre 2002 y 2009 ha indicado que "jamás" facturó a la sociedad "nada más que el contrato" y ha negado el pago de supuestas prebendas económicas al exalcalde Juan Enciso, entre otros enjuiciados por su supuesta implicación en la trama del caso 'Poniente'.
A preguntas de su defensa ya que ha declinado responder a Anticorrupción, Abogacía del Estado, acusaciones particulares y resto de defensas, el que es señalado en el sumario como segundo mayor beneficiario del presunto saqueo ha insistido en que "no hay ni una factura más ni una menos" que no se corresponda "con el contrato" que sus empresas tenían con la empresa mixta participada al 70 por ciento por Abengoa para mantenimiento de parques y jardines.
"Jamás se cargó a Elsur nada más que el contrato", ha dicho al ser interpelado por los trabajos que según el Ministerio Público ejecutaron las empresas Jardines de Poniente, Jardines del Alcor y Lobelia Gestión en "diversas viviendas particulares, propiedad" del exinterventor municipal o "de algunos familiares de Juan Enciso y que fueron cargados todos ellos dentro de la sobrefacturación a Elsur". "¿Cómo voy a facturar eso a Elsur si yo no tengo ni una factura más o menos que no esté en el contrato?", ha apuntillado.
Galán ha asegurado que esos trabajos eran "pagos normales y corrientes" que hicieron "los que recibían el trabajo", al tiempo que ha negado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería que sus mercantiles "simulasen pagos a personas físicas o jurídicas carentes de infraestructura necesaria con facturas falsas" y a través de moduleros.
El empresario madrileño se ha detenido siguiendo el interrogatorio del abogado Miguel Ángel Torres en su relación con el exalcalde ejidense ya que las acusaciones apuntan que, a cambio de que permitiesen en el ayuntamiento "sus actuaciones ilícitas" habría "pagado favores" a Enciso mediante "comisiones ilegales" recibidas a través de la mercantil Enciso y Aguilera SL o con la contratación en su mercantiles como asalariados de "familiares".
Al respecto, Galán ha dicho que los pagos a Enciso y Aguilera corresponde "al arrendamiento" de un "local" propiedad de esta sociedad formada por el exalcalde y su mujer, también acusada, para la sede de una revisto del sector agroalimentario "en el que tenía el 50 por ciento de participación".
Ha añadido que sí que tuvo "trabajando en mi empresa como administrativo" al sobrino de Enciso y ha encuadrado los pagos al cuñado, Francisco Javier Aguilera, en retribución "por trabajos que hacía para nosotros porque tenía maquinaría para zanjas o plantar palmeras".
Galán, quien según Anticorrupción construyó un conglomerado con 16 empresas de las que diez son objeto de la macrocausa, ha entrado, asimismo, en la relación personal con el exregidor, que, según ha dicho, "se inició en 1991 coincidiendo con su salida de alcalde y mi responsabilidad al frente de Almerimar, motor turístico de la zona" y se "rompió en 1997 por enfrentamientos muy fuertes que provocaron que se enfadara muchísimo y estuviésemos más de cuatro años sin hablarnos".
Las acusaciones sostienen que el Grupo Galán, gestionado por el empresario junto a su mujer y su hija, controlaban un entramado empresarial cuya "principal fuente de financiación" provenía de la facturación al Ayuntamiento de El Ejido, la propia Elsur y Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE), mercantil igualmente propiedad del Ayuntamiento. Calcula que la facturación de todas las empresas alcanzó los 30,9 millones entre 2002 y 2009, con un beneficio de más del 48 por ciento.
A eso habría que sumar que, de forma indirecta, facturó 4,9 millones a Clabert Gestión SL, del acusado Jesús Aragón, que a su vez obtuvo contratos del Consistorio por valor de 17,7 millones de euros si bien resaltan que "más significativos que los ingresos obtenidos, son los pagos declarados" ya que varios de estos "se producen a empresas controladas por cargos relevantes del Ayuntamiento y sociedades relacionadas con este".
La vista oral, que ha consumido ya diez sesiones, se reanuda el jueves con, entre otras, la declaración de Isabel Carrasco, esposa del exinterventor José Alemán. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, a partir de 2004, su patrimonio "comenzó a incrementarse por encima de su renta generada" y que los fondos obtenidos de manera "fraudulenta" ascenderían a 611.584,81 euros.
Añade que Alemán, a través de ella, dio destino al "dinero ilícitamente conseguido" mediante el cobro de "comisiones ilícitas por 10,6 millones de euros" a las empresas que contrataban con Elsur ya que, al margen de lo que cobraba del Ayuntamiento "no tiene otra fuente de ingresos conocidos que no sean los procedentes de su marido, siendo conocedora de que los mismos proceden de las comisiones ilícitas que este cobra a través de Sistemas de Dirección SL".
"Le facilitó de esta manera el poder ocultar los mismos y darles apariencia de legalidad con la adquisición de numerosos bienes inmuebles", concluye.
PRESUNTA TRAMA
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que "a cambio de prebendas económicas, Enciso, como alcalde y presidente del Consejo de Administración del Elsur, y Alemán, como exinterventor y a la par vocal del citado consejo, hicieron caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio".
Precisa que el segundo "autorizaba, a sabiendas, el gasto, una vez contabilizado, y el primero autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente".
De este modo, según la Fiscalía Anticorrupción, el socio privado de Elsur, Abengoa, procedió, a través de sus 12 directivos acusados en la causa y "puestos en dichos cargos para facilitar" los comportamientos ilícitos, a "beneficiarse ilícitamente" del dinero público que era la "principal fuente de ingresos" de la empresa mixta y lo hizo a través de la facturación al Ayuntamiento por servicios de mantenimiento "dentro del canon anual" y por servicios y obras "fuera de canon".
En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros, de acuerdo a la acusación, correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, fundamentalmente José Amate o Juan Antonio Galán, también acusados.
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