Piden tres años y medio de prisión para dos policías de Vícar por cultivo de marihuana

 La Fiscalía de Almería ha pedido penas que suman tres años y medio de prisión para dos policías locales de Vícar (Almería) por su presunta relación con un grupo organizado dedicado al cultivo de marihuana a gran escala en el municipio almeriense de Roquetas de Mar.

En la calificación del fiscal, adelantada por el periódico 'La Voz de Almería' y a la que ha tenido acceso Efe, se acusa a un total de catorce personas, entre ellas a dichos agentes, por unos presuntos hechos que comenzaron en un momento "indeterminado" anterior a septiembre de 2018, cuando siete de ellos se "concertaron entre sí con la finalidad de obtener grandes cantidades de marihuana" para su venta a terceros.

Según el fiscal, establecieron una división de funciones para preparar las ubicaciones en las que se iban a instalar las plantaciones, acondicionando para ello viviendas de su propiedad, de conocidos o en alquiler.

El Ministerio Público añade que los otros siete acusados, entre ellos los dos policías, auxiliaban a este grupo.

Supuestamente, J.A.R.S. era el "jefe del grupo" y propietario de las plantaciones, otros acusados se encargaban de conseguir útiles, montar instalaciones eléctricas, controlar y gestionar los cultivos, así como de recoger las plantas, entre otras labores.

En cierto momento J.A.R.S. se puso en contacto con un empresario de Roquetas de Mar, otro de los acusados en la causa, para alquilar diversas viviendas y aquí presuntamente participaron los dos policías locales como presuntos responsables del cobro mensual de dichos alquileres, "obteniendo por ello una comisión del 10 %".

El fiscal ha detacado que los acusados situados en este "segundo nivel" no participaban en la instalación, mantenimiento y demás labores vinculadas directamente a los cultivos, pero eran "conocedores y consentidores" de lo que ocurría, destacando esto en el caso de los dos policías porque "nunca procedieron a perseguir el hecho delictivo a pesar de su condición de agentes de la autoridad".

El 23 de septiembre de 2018, la Guardia Civil llevó a cabo un primer registro en el que fueron intervenidas 350 plantas de marihuana en el domicilio de uno de los acusados y un año más tarde, en noviembre de 2019, fueron autorizados una serie de registros en diferentes inmuebles vinculados al grupo, en los que fueron localizadas plantas de marihuana o restos de plantaciones ya recogidas.

La Fiscalía ha considerado que estos presupuestos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito leve de defraudación del fluido eléctrico, aunque también imputa -alternativamente- delitos de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.

A los dos agentes los acusa por un delito contra la salud pública, por el que pide dos años de prisión, y por un delito de pertenencia a grupo criminal, por el que solicita un año y medio de cárcel y alternativamente, por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, reclama para ellos un año de inhabilitación para empleo o cargo público.

En el caso del principal acusado, J.A.R.S. solicita penas de cinco años y medio de prisión, diez meses de multa a razón de 10 euros al día, otra multa de 300.000 euros y el pago de sendas indemnizaciones a Endesa e Hidralia por las acometidas ilegales al suministro eléctrico e hídrico.