La Audiencia Provincial de Almería ha ratificado el auto por el que un juez de Roquetas de Mar propone que vaya a juicio la madre de C.T., el profesor británico condenado a once años y medio de prisión por abusar sexualmente de una alumna, al tener indicios de que pudo obstruir la investigación al contactar en varias ocasiones con la víctima durante la instrucción de la causa.
El auto de la Audiencia Provincial de Almería, consultado por Europa Press, rechaza el recurso de apelación de la defensa de P.H. y confirma la resolución de noviembre de 2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar por el que se acordó continuar los trámites del procedimiento abreviado.
Según las diligencias practicadas, el instructor considera "indiciaria y provisionalmente acreditado" que la madre del docente mantuvo conductas dirigidas a "producir una obstrucción de la justicia" en el procedimiento por el que finalmente ha sido condenado su hijo; una sentencia que ha sido declarada firme recientemente por el TSJA.
Cabe recordar que en el mismo fallo se constató la persistencia de la versión incriminatoria de la víctima hacia el acusado a pesar de que fuera puesta en entredicho ante las aparición de una cartas presuntamente escritas por la menor y un vídeo en el que se retractaba de sus manifestaciones y que, según observó, pudo grabarse ante la "presión ejercida" sobre ella por parte del acusado y su madre.
Del mismo modo, ante la presión a que se vio sometida la menor por los hechos ya juzgados, la madre de la misma optó por trasladarla a Alemania, donde fijó su residencia. Meses más tarde el profesor sería detenido por desplazarse hasta allí para verla.
A tenor de estos indicios, la acusación particular ejercida por el letrado Leo Marfil pide dos años y medio de prisión para P.H. al entender que, aunque la mujer sabía que la víctima había denunciado a su hijo por los abusos, "no dudó en ponerse en contacto" con ella mediante "numerosas llamadas telefónicas y correos electrónicos, llegando, incluso, para tal fin, a crearse una cuenta de correo electrónico ficticia".
En su escrito, la acusación apunta que la acusada se "ganó la confianza" de la menor con el propósito de que esta "cambiase su declaración judicial" para así poder "beneficiar los intereses de su hijo", el cual se encontraba por entonces en prisión preventiva.
Con esto, la parte afirma que debido a la "intimidación y miedo" sufridos por la víctima ante los "mensajes y llamadas enviados por la acusada", la menor habría accedido a sus deseo y por ello habría escrito una carta a C.T. para retractarse de sus anteriores declaraciones; una carta que fue aportada en el procedimiento judicial de los abusos y que se empleó para pedir la libertad de preso.
Además de las penas privativas de libertad, la acusación solicita también una multa de 12 euros diarios durante 15 meses así como una orden de alejamiento sobre la víctima de 200 metros durante un periodo de tres años, en los que tampoco puedan comunicarse con ella.
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