La causa por delitos de prevaricación y malversación de caudales contra el expresidente de la Diputación de Almería, Juan Carlos Usero (PSOE), continúa su tramitación tras la declaración esta mañana de el exdirigente socialista ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de que el magistrado Manuel José Rey Bellot ha tomado hoy declaración en calidad de investigado a Usero, al exvicepresidente de la Diputación, Luis Pérez Montoya (PSOE), y al consejero delegado de un medio de comunicación local de Almería.
Los tres han contestado a las preguntas del juez, del fiscal y de sus propios letrados y, en el caso del exvicepresidente, a las cuestiones formuladas por una de las acusaciones populares.
Sin embargo, se ha suspendido la declaración de la exjefa de prensa de la Diputación por razones familiares y se ha vuelto a señalar para el próximo día 7 de julio.
El juez ha citado a Usero este martes dentro de la investigación por el presunto pago de más de un millón de euros a empresas de medios de comunicación, supuestamente abonados en campaña electoral, sin contratos y mediante un expediente extrajudicial de créditos por el equipo de Gobierno del PP, pero correspondientes a la anterior corporación del PSOE.
Hoy también ha declarado el exvicepresidente provincial Luis Pérez Montoya (PSOE) -condenado por otra causa a siete años y diez meses de prisión por un delito agravado de malversación de caudales públicos, pena ratificada al Tribunal Supremo-.
Asimismo, han sido citados a declarar como investigados un adjunto al consejero delegado de la sociedad responsable de unos de los medios de comunicación que recibieron los pagos, así como la exjefa del gabinete de prensa de la Diputación.
La citada aprobación de expedientes extrajudiciales de crédito se habría llevado presuntamente a cabo con informes contrarios del interventor en los que ponía de manifiesto varios reparos.
Se investigan pagos efectuados por la Diputación almeriense aprobados en los meses de marzo 2011 y 2012, fundamentalmente a medios de comunicación de ámbito local.
La acusación popular, ejercida por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, solicitó además que declarasen como investigados "cada uno de los representantes políticos diputados provinciales" del PP y el PSOE que con su voto favorable aprobaron los dos expedientes en los años 2011 y 2012.
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