La Junta de Andalucía ha comunicado al juzgado que investiga el incendio forestal que calcinó 85,5 hectáreas del parque natural de Cabo de Gata en junio de 2017 que "existe recuperación de la vegetación" en toda la superficie que se vio afectada por el fuego dentro de las áreas de reserva terrestre (A1) y naturales de interés general (B1).
En su informe, consultado por Europa Press, matiza, no obstante, que el tiempo transcurrido es "un periodo muy pequeño" como para que el estado de desarrollo de la vegetación "alcance el nivel previo" al incendio y mantiene que las repercusiones ambientales "son reparables".
"La propia regeneración natural de una vegetación adaptada al fuego, conseguirá, con tiempo, devolver el paisaje al estado pre-incendio, sin la necesidad ejecutar costosos tratamientos de implantación", sostiene la administración autonómica, que añade que el "proceso de auto sucesión", requiere "más tiempo para que las especies vegetales preexistentes se restablezcan".
El informe presentado a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 1 indica, en esta línea, que, en estas "condiciones adversas" de los dos últimos años, es "sumamente significativo" que "no existan superficies sin actividad fotosintetizadora" y que, en 2019 haya superficies "en las que esta actividad se califique como alta o muy alta aún bajo condiciones ambientales menos favorables al desarrollo vegetativo".
"A pesar de la alta resiliencia de las comunidades vegetales, el tiempo transcurrido desde el incendio es suficiente para apreciar una clara recuperación de la vegetación climática afectada por el fuego, como también se requiere más tiempo para que las plantas que se están instalando empiecen a enriquecer el banco de semillas del suelo, y den cobertura para facilitar el desarrollo de otras de nueva instalación y estratos vegetales superiores", traslada la Junta Rectora, que apunta que "se requiere más tiempo para que consolide ecológicamente el proceso de autosucesión".
La Junta también ha recomendado al juzgado instructor que es "recomendable" un "seguimiento y mantenimiento" de las infraestructuras que "puedan suponer un riesgo de incendio" como carreteras, cunetas de caminos forestales o transformadores y líneas eléctricas, e incidir en "medidas preventivas" como gestión del monte, limpieza y desbroce de zonas de alto riesgo, o regulación de los usos en espacios especialmente sensibles.
Añade que, con carácter preventivo, es "necesario" solicitar a la empresa responsable de la gestión de infraestructuras energéticas que "acrediten el correcto estado y mantenimiento de las líneas eléctricas en el ámbito" del parque natural, "especialmente aquellas cercanas a las zonas A1 y B1".
Por último, recomienda "acotar el uso ganadero" en los terrenos incendiados y realizar un "seguimiento periódico" de la evolución de las superficies afectadas "para instaurar un programa de restauración o recuperación en caso de que la evolución natural del espacio no alcance, en un tiempo razonable, su estado climácico o anterior al incendio".
Este procedimiento penal fue archivado provisionalmente si bien la jueza acordó reabrirlo en noviembre de 2018 tras las diligencias ampliatorias remitidas al juzgado por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en las que se concluía que las causas del incendio desatado el 28 de junio en el paraje Los Herederos estaban en una supuesta "negligencia" en la "conservación, mantenimiento, deberes de supervisión, vigilancia y control" de la línea eléctrica de alta tensión.
La causa mantiene como investigadas a Endesa como propietaria de la línea y la subcontrata encargada del mantenimiento, así como a dos de sus representantes por la presunta comisión de un delito de incendio forestal por imprudencia grave y como perjudicado figura el vecino que puedo salvar la vida al resguardarse en una balsa con agua.
INFORME PERICIAL DE GUARDIA CIVIL
La Guardia Civil se remitía en su atestado al informe técnico-pericial emitido por el Infoca, que cuantifica los gastos generados por el dispositivo de extinción en 37.450,57 euros, y al informe emitido por el asesor técnico de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
El primer informe, consultado por Europa Press, remarcó que la causa es una "negligencia" por falta de mantenimiento de la línea y por "no cumplir las medidas preventivas de lucha contra incendios forestales", en este último caso por el segundo foco de llamas.
Concretó, así, en el aislador de un apoyo partido y en un cable caído al suelo como origen del fuego que tuvo dos focos y detalla los vestigios recogidos.
"En la revisión periódica de la línea no se ha detectado el estado de deterioro de los aisladores de vidrio pese a tratarse de una zona calificada como de alta contaminación salina, además de estar situada en parque natural con las consecuencias que una avería de este tipo puede tener, ni se ha intervenido preventivamente a efectos de evitar roturas que deriven en accidentes", reprochó.
El Infoca precisó que el primero de los incendios tuvo origen "por contacto entre las líneas eléctricas, provocando chispa que prende la vegetación", a lo que contribuyó "el fuerte temporal de viento", mientras que en el segundo, que se produjo tras reparar el tramo que provoca el anterior incendio, hubo "rotura del cable eléctrico que cae sobre la vegetación y origina el incendio".
"Más negligente aún porque se produce justo en el tramo que se había dejado de reparar y contiguo al primero", añadió.
"SE PUSO EN RIESGO LA VIDA DE UNA PERSONA"
Relató, asimismo, que los vecinos de El Pozo de los Frailes sufrieron cortes de luz en sus viviendas, que se puso "en riesgo la vida de una persona que se salvó al meterse en una pequeña balsa con poco agua" tras quedar su cortijo arrasado y que se produjeron desperfectos en la fachada de un segundo inmueble.
En su informe, la Delegación Territorial de Medio Ambiente indicó, con datos aportados por la Dirección Conservadora del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que, de la superficie afectada, 15,1 hectáreas se sitúan en zona A1 o de especial protección mientras que un 25,18 y un 43,51 hectáreas están en zonas B1 de interés general y B2 seminaturales con usos tradicionales, respectivamente.
Por último, concluyó que existe "responsabilidad" de la empresa propietaria de la línea y subraya que, tras producirse la avería, la empresa contratista "sustituyó todos los aisladores que sujetan el vano caído".
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