La mujer de 38 años en prisión provisional por quitar la vida presuntamente a su hijo de siete años Sergio ha declarado este martes ante el Juzgado de Instrucción 6 de Almería como investigada por un supuesto delito de abandono de familia.
Ana María B.L. no ha comparecido físicamente en sede judicial sino que ha prestado testimonio por videoconferencia desde el centro penitenciario provincial de El Acebuche, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El procedimiento penal se incoó a raíz de la denuncia interpuesta en septiembre por el padre del niño y exmarido de la investigada, Sergio Fernández, ante "el desamparo" a la que le tenía sometido.
En concreto, la denuncia que dio lugar a la apertura de estas diligencias previas, que avanza el periódico La Voz de Almería, comunicaba una situación persistente de absentismo escolar ya que bien "no llevaba al colegio a su hijo o le llevaba tarde".
Ana María B.L., quien además de la causa penal por un presunto delito de asesinato tiene otra abierta por supuesto acoso al abuelo paterno de su hijo, ha contestado a las preguntas que se le han formulado, según han precisado las mismas fuentes, en contra de lo que ha estado haciendo en el resto de procedimientos.
La investigada fue detenida el 10 de octubre por la Guardia Civil después de que el cuerpo sin vida del pequeño Sergio fuese encontrado en el asiento delantero del vehículo que condujo hasta la barriada de Las Norias de Daza, en El Ejido, si bien el domicilio familiar estaba en Huércal de Almería.
El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería otorgó tres días antes del crimen la guardia y custodia a su padre después de que él solicitase modificar las medidas vigentes desde 2017 argumentando "desatención" al menor por parte de su madre.
El padre, quien ha relatado que interpuso hasta diez denuncias contra su exmujer, presentó el 6 de septiembre de este mismo año ante el juzgado, que mantenía abierto un procedimiento por unión de hecho contenciosa, la demanda para la modificación del régimen de guarda y custodia, y la vista, en audiencia pública, para oír a las dos partes se celebró el 4 de octubre.
El procedimiento de unión de hecho contenciosa se inició de forma paralela a unas diligencias previas por vía penal el 5 de abril de 2017, cuando Ana María B.L. presentó un denuncia por presuntos malos tratos del padre de su hijo hacía ella. El informe de violencia de género fue negativo y se remitieron las diligencias al Juzgado de lo Penal 4 de Almería que dictó sentencia absolutoria en febrero de 2019.
Cabe recordar que Ana María B.L. estuvo durante nueve días el pasado mes de julio en una Unidad de Salud Mental después de que el Juzgado de Primera Instancia 8 de Almería ordenase su ingreso involuntario. Recibió el alta médica con prescripción de tratamiento farmacológico aunque no ha trascendido cuál sería la patología de la que está diagnosticada y que motivó su internamiento.
La familia paterna, por su parte, sostiene que la presunta asesina "supo en todo momento lo que quería, supo pedirlo, habló y razonó de manera normal e, incluso, manifestó que ella estaba perfectamente" durante la vista celebrada días antes del crimen por la custodia del menor. "No tenemos noticia de ningún tipo de enfermedad ni conocimiento de que ella haya tenido algún tipo de enfermedad mental", aseguró el padre.
Sergio Fernández también ha revelado que el pequeño "tenía miedo de no volverle" a ver y que su madre le "pegaba" si le contaba "algo de lo que pasaba" o "le amenazaba con que se lo iba a llevar por ahí".
"Nunca pensé que iba hacer lo que ha hecho, pero más miedo que tenía el niño, imposible", dijo en rueda de prensa en Alcolea (Almería) para lamenta lamentado que el caso de su hijo haya sido "un papel, un número, un turno" pese a las "más de diez denuncias" presentadas desde junio por la situación que estaba viviendo.
Su abogada, Josefa Castillo, remarcó, por su parte que "el único" que ha actuado "desde un primer momento, poniendo denuncias y yendo a los Servicios Sociales y a Protección del Menor ha sido el padre" y subrayó el hecho de que no se "cortase de raíz" cuando estaba de por medio un menor para cuya protección "se exigía la toma de medidas rápidas".
A raíz de la muerte violenta de Sergio, los trabajadores sociales de Almería han reclamado la revisión del protección de menores y han advertido de que, desde 2013, los efectivos y recursos "se han visto disminuidos" pese al incremento de la demanda, atención y número de menores sujetos a amparo.
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