El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de 5 años y 3 meses de prisión para el funcionario de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta, que sacó en talones al portador un total de 239.638,20 euros de una cuenta de dicha Delegación para su lucro personal.
Según ha informado hoy en un comunicado el TS, la Sala II de lo Penal ha ratificado los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de un tribunal del jurado de la Audiencia de Almería, que lo declaró culpable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos .
El Supremo ratifica la pena al rechazar el recurso del funcionario acusado, Miguel G.L., que además de a cárcel es condenado a 9 años de inhabilitación absoluta y a indemnizar con 239.638 a la Junta de Andalucía.
Del pago de la indemnización hasta el importe de 105.338,20 euros responderá subsidiariamente la entidad financiera en la que estaba la cuenta de la Delegación a la que se cargaron los talones al portador.
Según los hechos probados, el funcionario acusado, "con la intención de obtener un lucro económico y siendo consciente de la falta de control sobre la cuenta, en la que tenía firma autorizada desde 1986, entre febrero y abril de 2009 extrajo de la misma un total de 134.300 euros haciendo uso para ello de 49 talones al portador".
"Con la misma intención -añade la sentencia--, pese a que desde el 22 de junio de 2010 no figuraba como autorizado en la cuenta, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012 extrajo de la misma un total de 105.338,20 euros haciendo uso para ello de 39 talones al portador en los que estampó una firma irreal", añade.
En los 7 últimos cheques, dado que los empleados del banco le exigieron que hiciera constar su DNI además de la firma si deseaba cobrar, el acusado consignó un número de DNI distinto al suyo cambiando alguno de los dígitos de la numeración correcta. "A pesar de que el acusado no figuraba como autorizado, los empleados del banco abonaron los talones al no hacer las comprobaciones necesarias", puntualiza.
En 2017, el Tribunal de Cuentas condenó por estos hechos al exdelegado de Medio Ambiente en Almería Clemente García y al funcionario Miguel G.L. como responsables de un alcance en los fondos públicos de 182.470,21 euros, con cargo a una cuenta de la Junta de Andalucía en la que sólo se podían recibir ingresos.
El fallo señalaba que Miguel G.L. era responsable contable directo de alcance por "haber cobrado por ventanilla 49 cheques al portador, que él mismo giraba" y declaró como importe en que se cifra el principal del alcance causado en los fondos públicos de 182.470,21 euros, declarando responsables contables directos del alcance ocasionado Miguel G.L., y a Clemente García por la cantidad de 41.760 euros, de la que responderá solidariamente con el funcionario.
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