El último de los juicios pendientes por delitos urbanísticos en Zurgena (Almería) ha quedado este miércoles visto para sentencia después de que los dos principales acusados, el exalcalde Cándido Trabalón y quien fuera su concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, hayan reconocido que en 2005 concedieron licencia de obras para ocho edificios de 202 viviendas y dos piscinas en suelo no urbanizable del paraje de La Alfoquía.
Trabalón y Tijeras, condenados por el Tribunal Supremo (TS) a cinco años y cuatro meses de prisión, y un año y siete meses de prisión, respectivamente, en el marco de la macrocausa 'Costurero', han aceptado en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal 3 de Almería una multa de 12 meses a razón de cinco euros diarios y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delito de prevaricación urbanística.
También han mostrado conformidad con esta petición del Ministerio Público, que provisionalmente interesaba penas de 21 meses de cárcel y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público, los otros dos exediles que formaban parte de la Comisión Informativa de Urbanismo, J.A.R. y J.M.D., quienes también han reconocido los hechos que se les imputaban.
El Ministerio Público ha solicitado, no obstante, penas de diez meses de cárcel y siete de inhabilitación especial para empleo o cargo público a los tres exconcejales, tanto del extinto Partido Andalucista (PA) como del PSOE, que no formaban parte de esa Comisión de Urbanismo y que se limitaron a votar a favor de la licencia de obras a la empresa Promurdi SL en el pleno celebrado el 7 de octubre de 2005.
En su declaración a preguntas de la fiscal, los tres coincidieron en señalar que votaron en positivo porque la secretaria municipal "nunca nos advirtió de una ilegalidad" y la aprobación de la licencia, como otras, se incluía en el orden del día del pleno "porque había pasado previamente por Comisión de Urbanismo y contaba con informes favorables tanto técnicos como jurídicos".
También que votaban en pleno lo que les "decían los compañeros" que sí formaban parte de esa comisión y, en el caso de los dos con responsabilidades de gobierno, que ellos "conocían" de los asuntos de sus departamentos --Turismo, Cultura y Asuntos Sociales-- pero no "cuál era la normativa urbanística".
El juicio que pone punto y final a la investigación policial y judicial sobre la gestión municipal entre 2003 y 2009 por delitos de prevaricación urbanística, falsedad en documento oficial, contra la ordenación del territorio y de cohecho impropio por la concesión de numerosas licencias de obras contrarias a la normativa ya se celebró en 2014 y dio lugar a una condena a prisión e inhabilitación anulada posteriormente por la Audiencia Provincial de Almería.
El proyecto para el que se dio licencia contemplaba ocho edificios de tres plantas con una altura de 8,87 metros en suelo no era urbanizable, no eran autorizables y vulnerando la legislación urbanística que fijaba que la altura del inmueble no podía superar los siete metros ni las dos plantas.
En el expediente administrativo se emitieron los preceptivos informes jurídico y técnico. El primero "no era ni favorable ni desfavorable" a la licencia pues se limitaba a señalar que "debían ser los servicios técnicos los que determinaran si era adecuado a la normativa urbanística". En el caso del segundo informe este no era favorable y advertía de que el proyecto "incumplía la normativa que solo autorizada planta baja y primera con una altura máxima de siete metros".
No se llegó a iniciar la construcción de ninguno de los ocho edificios debido a que la Guardia Civil levantó atestado en abril de 2007 y se incoaron diligencias previas un mes después.
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