El abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández Thiel, ha anunciado este lunes que recurrirá el fallo que condena a su cliente a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, apuntando que esta pena es aún "jurídicamente controvertida".
"Entendemos que hay base legal para ello. Yo creo que hay distintos aspectos. En primer lugar, creo que en cuanto a la pena hay jurisprudencia discrepante del Tribunal Supremo sobre la pena de prisión permanente revisable", ha dicho en declaraciones a Efe el letrado.
Por ello, considera que aún se debe ver "si sería o no aplicable en el presente caso". "Lo recurriremos porque entendemos que es una cuestión jurídicamente todavía controvertida", ha apuntado.
En cuanto a los otros delitos, de lesiones psíquicas y contra la integridad moral, considera que se podría estimar "que se está castigando doblemente unos mismos hechos con independencia de que también estimamos que la intencionalidad no era causar lesiones".
"Si se ha castigado como doloso, creemos que esa intención no queda acreditada", ha concluido.
La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a la pena de prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada, a la que un jurado popular declaró culpable del asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, en el que además concurre la agravante de parentesco.
La acusada ha sido también condenada a tres años de prisión por un delito de lesiones psíquicas con la agravante de parentesco al padre del menor, Ángel Cruz, y a dos años y nueve meses de cárcel por otro delito de lesiones psíquicas a la madre, Patricia Ramírez.
Asimismo, le han sido impuestas sendas penas de un año y medio de prisión por un delito contra la integridad moral con la agravante de parentesco al progenitor, y otro sin dicha agravante a la madre de Gabriel.
El fallo notificado este lunes a las partes y remitido a los medios por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) impone además el pago de indemnizaciones por daños morales a los padres del menor en la cantidad de 250.000 euros a cada uno de ellos.
Tampoco podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros por un periodo de 30 años. Junto a ello, tendrá que abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda del menor, que ascienden a la suma de 200.203 euros.
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