Actualizado: 16:55 CET
Martes, 23/07/2019

Almería

Doce detenidos tras desarticular una red que concertaba matrimonios

La Policía ha desarticulado en la provincia de Almería una red organizada dedicada a concertar matrimonios o parejas de hecho entre ciudadanos extranjeros

  • Agente de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Almería una red organizada dedicada a concertar matrimonios o parejas de hecho entre ciudadanos extranjeros y nacionales españoles o comunitarios con la intención de regularizar su situación administrativa en España.

La operación se ha saldado con 12 detenidos de diversas nacionalidades, entre los que se encuentran los máximos responsables de la trama que llegaron a cobrar hasta 6.000 euros. Los miembros de la organización actuaban como intermediarios entre el extranjero interesado en regularizar su situación y el español o comunitario a quien ofrecían la cantidad de 2.000 o 3.000 euros por llevar a cabo el fraude.

En un comunicado, la Policía Nacional ha explicado que la 'Operación submarino', desarrollada por los agentes de la Comisaría de Almería en colaboración con la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, se empezó a fraguar en los primeros días del mes de mayo del año en curso.

Los investigadores descubrieron la existencia de una organización que intermediaba entre inmigrantes en situación irregular y ciudadanos españoles o comunitarios, los cuáles a cambio de elevadas sumas de dinero, se ofrecían a inscribirse en el registro de parejas de hecho, simulando una relación afectiva inexistente para beneficiar a los extranjeros de una tarjeta de residencia, y con ello la libre circulación y residencia por la Unión Europea, así como el derecho a ejercer cualquier actividad por cuenta ajena o propia en igualdad condición que los españoles.

INTERMEDIARIOS EN LAS UNIONES

La presunta organización criminal, ya desarticulada, ponía en contacto a ciudadanos extranjeros que deseaban regularizar su situación administrativa en España, con ciudadanos españoles principalmente para celebrar matrimonios o parejas de hecho mediante compensación económica.


Los integrantes de la trama cobraban unos 6.000 euros, de los cuales, entre 2.000 y 3.000 euros, eran entregados a la persona comunitaria con la que contraían matrimonio o inscripción de pareja de hecho y otras cantidades a otros integrantes, como propietarios de viviendas que autorizaban al empadronamiento fraudulento.

La celebración de estas uniones de conveniencia, también conocidos como "matrimonios blancos", permitía a los extranjeros que se encontraban en España, bien por encontrarse disfrutando de un permiso legal de estancia temporal o por haber entrado ilegalmente en territorio nacional, hacerse con la tarjeta de residencia de familiar ciudadano de la UE, regularizando así su situación en España a todos los efectos.

Las pesquisas llevaron a la identificación de cuatro mujeres españolas, un hombre español, tres hombres de Ghana y el resto de Mauritania, Gambia, Nigeria, Marruecos y Filipinas, que además de simular una relación afectiva, falsificaron diversos documentos para dar validez a los enlaces y los cuáles eran requeridos por la administración para unir al expediente matrimonial o de pareja de hecho.

Los integrantes de estas parejas concertadas no se conocían con anterioridad, incurriendo en contradicciones y errores severos durante la entrevistas previas a la inscripción como pareja en el registro de parejas de hecho, llegando incluso a acordarse previamente que una vez transcurrido un plazo de tiempo razonable y que rondaría el año de duración, solicitarían la baja en el registro de parejas de hecho, o el divorcio en caso del matrimonio.

Los investigadores han remitido los correspondientes informes a la Oficina de Extranjería de Almería para que a los ciudadanos extranjeros que hasta ahora han obtenido la tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea, se proceda a extinguirles la citada autorización de residencia.

Todas las personas detenidas han pasado a disposición judicial acusados de los presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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