La Fiscalía de Almería ha interpuesto denuncia penal por un delito contra los derechos cívicos contra el interventor del Ayuntamiento de Albox (Almería) y el alcalde de dicho municipio, Francisco Torrecillas, quien supuestamente habría negado información a la oposición.
El Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el PSOE, por la "total ausencia de información por el citado Ayuntamiento, representado por el alcalde y el interventor sobre las seis solicitudes de información, cursadas a lo largo del año 2018 sobre una concreta petición".
Así consta en las conclusiones del escrito en el que la Fiscalía en respuesta a la denuncia de los socialistas, por la rehabilitación del edificio denominado "Colegio la Milagrosa", conocido como "el Convento", la cual inició sobre el mes de abril de 2017, consultado por Efe.
En su denuncia, el PSOE manifiesta que "no se tiene constancia del montante económico que está suponiendo la ejecución de dicha obra" pero que ésta podría alcanzar una inversión superior a la cantidad de quinientos mil euros.
Sobre el presunto delito contra los derechos cívicos, el PSOE sostiene que el regidor "no celebra los plenos ordinarios que de forma preceptiva se han de convocar mensualmente" lo que impide que "los concejales puedan en forma de preguntas y mociones interesarse por el desarrollo de los asuntos públicos y, entre otros, por los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en el Edificio conocido como 'El Convento'".
Añaden que "no se atiende la petición de información que de forma reiterada los concejales de la corporación han interesado acerca de determinados asuntos públicos y en especial de dicha obra.
Aseguran asimismo que el primer edil no cumple los acuerdos del pleno relativos a esta actuación "sobre auditorías legales y técnicas de los contratos y proyectos".
"Desde el inicio del mandato por parte de Torrecillas, numerosas han sido las actuaciones en el ámbito municipal protagonizadas por éste y que han tenido como finalidad no facilitar la información necesaria a los efectos de ejercitar el derecho político de participación en la vida pública, principalmente a partir del mes de noviembre de 2017", señalan.
Fue precisamente entonces cuando tuvo lugar la ruptura del pacto de gobierno que le unía a los ediles del PSOE.
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