La Fiscalía de Almería ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) cuatro años más para investigar la presunta existencia de un entramado con 103 sociedades constituido en torno al alcalde de Roquetas de Mar y presidente del PP de Almería, Gabriel Amat.
El Ministerio Público ha reclamado un nuevo plazo máximo para la instrucción de la causa de cuatro años más, tras lo que la juez Purificación Ferreiro ha remitido a las partes personadas una providencia para que se pronuncien al respecto.
El abogado Juan Marfil, defensa de Amat, ya ha remitido una respuesta al tribunal, a la que ha tenido acceso Efe, en la que muestra su oposición a este nuevo plazo, recordando que la actual legislación incluye una "serie de medidas tendentes a la agilización de la justicia penal ello a los fines de evitar dilaciones indebidas, sobre todo en la fase de instrucción".
Recuerdan asimismo que en este caso las diligencias previas de la causa se incoaron en 2012, "es decir seis años". "Pues bien, en estos seis años, han sido, ya, dos veces en las que este Juzgado ha acordado, a instancias de las acusaciones, la prórroga del plazo de instrucción", dice el escrito.
"Así, se ha investigado hasta la saciedad a mi representado, el cual ha sufrido en sus carnes el pernicioso efecto estigmatizante del proceso penal, no ya sólo en el ámbito personal, familiar, social y empresarial (o profesional también), sino incluso en el presente caso, en el político", añade Marfil.
Además afirma en su escrito que "por mucho se ha prorrogado la presente instrucción, el resultado de la investigación no ha variado" y que muestra de ello es que Amat "ni siquiera se encuentra investigado en las presentes actuaciones".
Según autos previos de la juez, los hechos objeto de la causa se refieren, "en esencia, a la existencia de un presunto complejo entramado de empresas dedicado a actividades inmobiliarias, construcción, promoción explotación entre otras a través de personas relacionadas con el alcalde de Roquetas de Mar".
Señala que estas personas podrían "haber obtenido beneficios consecuencia de las decisiones urbanísticas presuntamente delictivas" y refleja que el año pasado el Ministerio Fiscal emitió un informe que incluía un estudio del Grupo Segundo de la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Dirección General de la Policía Nacional, las 103 empresas presuntamente vinculadas a Amat clasificadas en tres apartados.
Existe un primer grupo en el que se incluyen aquellas a las que "no les consta ningún tipo de relación" y otro bloque de empresas cuyas relaciones se "circunscriben a trámites administrativos sin entidad suficiente para considerar su investigación".
Por último, existe un bloque final con un "tercer grupo con relaciones de mayor peso, referidas mayoritariamente a acuerdos y licencias urbanísticas", un total de 25 empresas.
La Fiscalía solicitó que se procediese a la formación de piezas separadas por cada una de las empresas que conforman el tercer grupo "que hayan tenido relaciones de cierta entidad con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y que no hayan prescrito", medida que finalmente fue acordada por la juez, hasta llegar a un total de 27 piezas separadas en la causa.
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