El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha iniciado un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Almería por incumplir la resolución del órgano de control que le obliga a facilitar información relativa a adjudicaciones y a prórrogas de contratos administrativos, dando estricto cumplimiento a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
La solicitud, formulada en representación de la Federación de Servicios Públicos UGT Almería y que ha sido desatendida en reiteradas ocasiones, pretendía acceder a la copia de determinados contratos administrativos de servicios adjudicados por el Consistorio desde 2008, contratos que según la reclamante "se habían otorgado a la misma persona durante más de ocho años mediante sucesivas prórrogas".
En concreto, las solicitudes de información estaban dirigidas al Área de Organización, Función Pública y Promoción de la Ciudad y al Área de Presidencia, Transparencia, Fomento del Empleo y Gestión de Proyectos Europeos.
Una vez admitida a trámite la reclamación por parte del consejo, éste le solicitó al Ayuntamiento hasta en cuatro ocasiones copia del expediente e informe, dos por correo ordinario, una de ellas con acuse de recibo, y otras dos por correo electrónico según precisa el órgano en un comunicado, sin obtener ninguna respuesta al respecto.
Así las cosas, la autoridad de control dictó una resolución obligando al Ayuntamiento a facilitar a la reclamante la citada información en un plazo de 20 días, resolución que no se ha cumplido hasta la fecha.
Ante este escenario, el órgano indica que la Ley de Transparencia Pública de Andalucía es "contundente" y determina que el "incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo constituye una infracción muy grave", por lo que preveé como eventual sanción el cese en el cargo del responsable y la imposibilidad de ser nombrado para ocupar cargos similares por un periodo de hasta tres años.
La Ley de Transparencia de Andalucía otorga al consejo, cuando constate incumplimientos en este ámbito, la capacidad de instar la incoación del procedimiento sancionador. Así, el órgano competente, en este caso el Consistorio almeriense, está obligado a iniciar el procedimiento y a comunicar al ente de control su resultado.
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