La vista oral contra el propietario de una empresa de compraventa de vehículos de alta gama acusado de estafar a unos 40 compradores ha sido suspendida este lunes después de que el letrado encargado de la defensa haya comunicado su renuncia.
El juicio, que debía celebrarse ante el tribunal de la Sección Primera, ha quedado aplazado 'sine die' a la espera de que se designe un nuevo abogado, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. Se trata de la tercera renuncia que se produce antes de enjuiciamiento.
R.R.O.E. está imputado como presunto autor de delitos continuado de estafa, apropiación indebida y estafa impropia, por lo que se enfrenta a una petición de penas que suman 12 años de prisión.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, el acusado constituyó en diciembre de 2004 una sociedad radicada en Viator (Almería) que funcionó hasta finales de septiembre de 2005, momento en el que tanto el acusado como uno de sus socios abandonaron el territorio español con un importe superior al millón de euros, según los importes abonados por las víctimas.
El establecimiento en el que se producía la venta de vehículos, ubicado en el polígono La Juaida y denominado 'Jardín del automóvil', llegó a registrar decenas de transacciones comerciales entre los meses de mayo y septiembre de 2005 que, según la investigación, tenían como fin "alcanzar un lucro ilícito a través de una serie de medios defraudatorios".
Así, varios clientes habrían distintas cantidades de dinero a cuenta de la venta de vehículos que no les llegaron a ser entregados, de manera que tampoco les fue reintegrado los importes. Así, cada cliente llegó a ingresar una cantidad de entre los 11.000 y los 49.000 euros para la adquisición de vehículos de lujo, si bien algunos de los perjudicados entregaron cantidades más altas, de hasta 191.000 euros, para conseguir varios coches.
En estos casos, y "para hacer más creíble el engaño", el acusado presuntamente entregaba a los supuestos compradores unos pagarés por el mismo importe del que ellos hacían entrega, de manera que si no recepcionaban su vehículo, podían recuperar el dinero adelantado. No obstante, los pagarés no sirvieron para reintegrar el cobro ya que, al presentarlos, no había fondos.
En otras ocasiones, algunos clientes conseguían un vehículo tras la transacción, pero a falta de una serie de extras que habían sido contratados y cuya diferencia no ha sido devuelta. Algunos de los afectados que entregaron su vehículo al concesionario para su venta como coche de segunda mano tampoco recibieron cantidad alguna, aunque en estos casos, algunos de los propietarios consiguieron recuperar el automóvil.
Durante la tramitación del procedimiento, por el que el fiscal también solicita 20 meses de multa a razón de 12 euros diarios, se han personado más personas en calidad de perjudicados por la actuación del acusado y de la mercantil que representaba en relación a otras actuaciones, como la falta de transferencia de vehículos ante la Jefatura de Tráfico.
En esta línea, también los titulares de varios talleres de mecánica reclaman cantidades por la reparación de vehículos mientras que los titulares de locales que fueron arrendados a la empresa solicitan el abono del alquiler, entre otras cuestiones. Con todo, el Ministerio Público interesa también que se devuelva a todos los perjudicados las cantidades defraudadas.
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