El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha indicado este viernes que el exgerente del Patronato de Turismo bajo mandado socialista Francisco Iglesias, denunciado por la Fiscalía, no le dio facturas ni le desveló "absolutamente nada" en relación las irregularidades detectadas por un informe policial en su gestión.
"No me dio ninguna factura. Cuando vino hablar conmigo me comentó que se le estaban imputando comidas a las que él no había ido y así evidentemente lo transmití a la Policía Judicial, que tomó nota", ha señalado García, quien ha subrayado que su denuncia "no tiene nada que ver con lo expuso entonces Iglesias".
Al hilo de esto, ha trasladado que si el exgerente, bajo cuya gestión al frente del Patronato con el PSOE se podría haber incurrido en presuntos delitos de malversación y falsedad tal y como se desprende de las diligencias de investigación de la Fiscalía, "conocía estas y otras irregularidades debería haber ido al juzgado como hice yo".
"Yo no soy ni fiscal, ni juez y me limité a poner en conocimiento de la Fiscalía una serie de hechos en los que entendía que podía haber posibles delitos", ha apuntillado en respuesta a Iglesias, quien, en un comunicado aseguró el jueves que había sido él quien "puso en conocimiento" de la Diputación que se habían cometido, "por parte de algunos funcionarios, presuntas irregularidades contables" con la emisión de facturas.
García ha hecho, asimismo, un llamamiento para que se deje "trabajar a la justicia" y "no se contamine más este asunto, que ya está en sede judicial" al tiempo que ha emplazado a "más adelante" para hacer consideraciones acerca de las repercusiones políticas del caso. "Se han dicho muchas barbaridades y muchas mentiras, y pediremos responsabilidades políticas a quien las tenga".
Cabe recordar que la Fiscalía de Almería ha formulado denuncia contra el exvicepresidente del Patronato de Turismo Luis Pérez Montoya (PSOE) y el exgerente Francisco Iglesias al apreciar que pudieron incurrir en presuntos delitos continuados de malversación y falsedad documental en la emisión de "facturas ficticias" por un valor superior a 60.000 euros cuando estaban al frente de la institución.
El decreto, dictado el día 17 y al que ha tenido acceso Europa Press, deriva del informe elaborado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía a raíz de la denuncia que presentó el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de mano del vicepresidente, Javier Aureliano García, al detectar la existencia de "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.
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