El juez instructor de la causa por la que se investiga un entramado empresarial acusado de defraudar 1,2 millones de euros a la Seguridad Social ha resuelto dejar en libertad con cargos al presunto cabecilla, José Meca, después de que haya prestado declaración en sede judicial tras haber sido detenido el miércoles junto a su hijo, y a otras dos personas a los que la Policía Nacional atribuye el papel de testaferros.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el titular del Juzgado de Instrucción número 1, que ha acordado decretar el secreto de las actuaciones, imputa a Meca un presunto delito contra la Seguridad Social. La operación 'Sesgra' indaga también la posible comisión de delitos de alzamiento de bienes y contra los derechos de los trabajadores.
El supuesto líder de la red empresarial, quien era trasladado este viernes de la sede de la Comisaría Provincial hasta el juzgado, es un empresario muy conocido en Almería ya que, en la década de los 80, encabezó junto a otro de los detenidos, José Guijarro, el proyecto futbolístico del Polideportivo Almería que, con el tiempo, paso a convertirse en la Unión Deportiva Almería.
Los otros tres arrestados por su implicación en el entramado fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Policía Nacional aunque, de momento y debido al secreto de sumario, no han trascendido datos sobre cuál es su situación procesal o si han comparecido ante el instructor de la causa.
La operación 'Sesgra', que aún continúa abierta, ha saltado a la luz pública en las últimas horas tras una investigación iniciada a raíz de indicios que apuntaban a la existencia de un grupo de personas que habían creado un entramado empresarial para, a través de testaferros, cometer fraude contra la Seguridad Social.
Según informaron a Europa Press fuentes de la investigación, los agentes procedieron este miércoles a la detención de cuatro presuntos miembros de la red en una actuación que fue desarrollada por el Grupo VI de la Comisaría Provincial, el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica y el Grupo de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Las diligencias apuntan a que la trama se valía de empresas "fantasmas" y cometía un impago continuado de las cuotas de la Seguridad Social que, sin embargo, sí detraían de las nóminas de los trabajadores. Con este 'modus operandi' los investigadores cifran en 15,5 millones de euros la cuantía defraudada.
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