La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha la campaña de inspección de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales –o no conducentes a la obtención de títulos oficiales–, en la que vigilará la publicidad y contratos de 56 academias andaluzas de este tipo.
Según un comunicado del Gobierno andaluz, la campaña, que arrancó a finales de abril y se prolongará hasta noviembre, se realizará en 44 academias presenciales y 12 a través de Internet, y se pondrá el foco en la publicidad e información previa al contrato, en particular, la suministrada a través del documento de información específica de cada enseñanza y del preceptivo tablón de información al público, en la documentación contractual.
También se controlará el cumplimiento de aspectos relacionados con la normativa de créditos al consumo, en el caso de financiación de los cursos.
Entre otros aspectos, se verificará que la oferta, promoción y publicidad que realizan los centros sea veraz, completa y objetiva sobre las características esenciales de los mismos, con expresa indicación del carácter no oficial de las enseñanzas que se imparten y sin que de ninguna forma se pueda inducir a error acerca de este aspecto.
De igual forma, se prestará especial atención al control del uso indebido de marcas institucionales de la Junta de Andalucía por parte de estos centros.
De manera específica, se controlará la publicidad e información precontractual en relación con los cursos de idiomas, cuando hacen referencia en su publicidad a la acreditación de niveles de competencia u obtención de títulos oficiales, así como aquellos en los que se hace referencia en su publicidad a la acreditación de los certificados de profesionalidad.
El personal inspector también velará por el cumplimiento de la normativa en aquellos centros en los que se ha detectado una especial incidencia de quejas, reclamaciones y denuncias, conforme a la información que se dispone en la Dirección General de Consumo.
La última campaña de control en este ámbito se desarrolló en 2020, con 66 actuaciones en 35 centros, que resultaron con incumplimientos 16 de ellas, lo que supone un 24% de dichas actuaciones.
En un 5,9 % de los casos no se cumplió con la obligación de disponer tanto el centro, como cada una de sus sedes y su página web, en la zona de atención al público, un tablón de información en la zona de atención al público, así como en su portada o página de inicio, claramente visible y fácilmente accesible.
En un 6,3 % de los casos, no se disponía de un documento de información específica de cada una de las enseñanzas que se imparten, expresado al menos en castellano, y en caracteres de tamaño suficiente para que fuera legible.
Destaca también que n un 15,7 % de los casos, el documento de información específico de cada enseñanza no incluye, cuando se trata de contratación a distancia y fuera de establecimiento mercantil, información acerca del derecho de desistimiento.
En un 25 % de los casos, en supuestos de contratación a distancia o fuera del establecimiento, no se cumplió con la obligación de facilitar la información correspondiente al tablón de información al público en la web, y mediante la entrega en un soporte duradero o mediante la entrega de esta información en papel, así como del documento de información específico de la enseñanza contratada.
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