Con jurado popular. Se enfrenta a cuatro años de prisión por presuntamente allanar la vivienda de una menor para violarla, aunque no lo consiguió por los gritos
La Audiencia de Almería acogerá este martes la primera sesión de la vista oral con jurado popular contra un hombre que se enfrenta a cuatro años de prisión por presuntamente allanar la vivienda de una menor para violarla, aunque no lo consiguió gracias a los gritos de la víctima.
Fuentes judiciales han indicado que están previstas tres sesiones, la primera destinada a la constitución del jurado y la declaración del acusado, la segunda para el interrogatorio de los testigos, conclusiones e informes, y la tercera, el jueves, para la entrega del objeto de veredicto.
La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, sostiene que entre las dos y las cuatro de la madrugada del 15 de mayo del año pasado, el acusado se encontraba en la azotea de un edificio de un municipio del Poniente almeriense.
Desde allí, presuntamente, habría alumbrado directamente en varias ocasiones hacia la ventana del dormitorio de la víctima, una menor de 16 años que se dio cuenta de esto antes de irse a dormir.
Posteriormente, cuando la víctima ya se encontraba acostada en su cama, el investigado habría fracturado y retirado la claraboya del cuarto de baño de la casa de la menor para acceder al interior y llegar al dormitorio de ésta.
Una vez allí, tenía la intención de violarla, aunque no logró su propósito porque la víctima, que no había "alcanzado el sueño", comenzó a gritar y despertó a sus padres, que acudieron en su auxilio y retuvieron al acusado hasta que llegó la Guardia Civil.
Por estos presuntos hechos, la Fiscalía acusa al hombre de un delito de allanamiento de morada, en concurso medial con otro de agresión sexual en grado de tentativa, por los que pide una pena única de cuatro años de prisión.
También reclama que se le imponga la medida de libertad vigilada durante siete años, una vez salga de prisión, y que sea inhabilitado para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento durante diez años, y que en este mismo periodo no pueda dedicarse a ninguna profesión que conlleve contactos con menores.
Por último, solicita una orden de alejamiento de 500 metros durante ocho años, así como el pago de una indemnización a la víctima de 5.000 euros.
