Greenpeace ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que pide amparo para revocar la sentencia del Tribunal Supremo que en diciembre de 2022 dictaminó que el hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), no podía ser demolido por tener licencia de obras.
"El Tribunal Supremo, de forma incomprensible, dictaminó que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia, los terrenos pasaban a ser urbanizables hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir la sentencia y modificar sus normas urbanísticas. Se trata de un giro más en esta historia repleta de sentencias incumplidas y retrasos injustificables por parte de las administraciones", ha explicado en una nota José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace.
La citada organización afirma que, con esta decisión, el Supremo le otorga las competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, un hecho que se considera "muy grave y que supone una violación del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos".
Sostienen que es un principio fundamental en todo Estado de derecho que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter general como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras tienen efecto desde el día en que se publica el fallo.
La primera sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a modificar el PGOU fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en noviembre de 2012.
Supeditar los efectos de la sentencia a que el Ayuntamiento de Carboneras decida cumplirla y tramite el expediente administrativo de modificación del PGOU, "supone trasladar a los consistorios la competencia de dar efectividad a las sentencias, privando así a la ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela judicial efectiva", señala Greenpeace.
Igualmente, pide al Tribunal Europeo que, en base al mismo artículo, se revoque el nombramiento como ponente de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) María del Mar Jiménez Morera, que junto a Jorge Muñoz Cortés dictaron una sentencia que declaraba urbanizable El Algarrobico en 2014 y daba la razón a la promotora del hotel, sentencia que fue anulada posteriormente por el Supremo.
"Nada más dictar sentencia, Muñoz Cortés pidió una excedencia del TSJA y fue contratado por el despacho Martínez-Echevarría, donde sigue prestando sus servicios para el Ayuntamiento de Carboneras; en la sentencia donde Muñoz Cortés declaró urbanizable El Algarrobico participó la actual ponente Jiménez Morera. Esto supone que Muñoz Cortés defiende los intereses del Ayuntamiento de Carboneras ante la misma Sala y Sección de la que formó parte", asevera.
A esto se suma que además la magistrada que resuelve sus escritos es su antigua compañera de Sala, según Greenpeace, que recuerda que la plataforma Salvemos Mojácar solicitó su recusación, pero esta fue rechazada.
Greenpeace considera que la magistrada Jiménez Morera no puede ser imparcial y por eso pide su recusación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Un símbolo del maltrato al litoral español
El hotel acumula 50 pronunciamientos judiciales en las últimas dos décadas; tan sólo el Tribunal Supremo acumula 14 sentencias, mientras que la sentencia que ahora denuncia la organización ecologista en Estrasburgo viene a contradecir otra del mismo tribunal que en 2018 dictaminaba que el paraje de El Algarrobico no era urbanizable.
El hotel ilegal comenzó a construirse en 2003 tras conseguir una licencia de obras a pesar de estar en zona protegida tanto por las normas del parque natural como por la Ley de Costas.
Las primeras actuaciones judiciales contra el edificio de 411 habitaciones comenzaron en 2005, cuando Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar denunciaron estas irregularidades. A comienzos de 2006 se logró la paralización cautelar de las obras.
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