La Fiscalía solicita tres años de prisión para un empresario agrícola del municipio de El Ejido (Almería) por emplear presuntamente en diversas fincas de su propiedad a personas inmigrantes en situación irregular, a quienes se negaba a hacer un contrato y forzaba a aceptar sus condiciones de trabajo aprovechándose de su "situación de enorme necesidad y vulnerabilidad".
El Ministerio Público indica en su escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, que el acusado habría llevado a cabo esta práctica desde 2009, aunque no fue hasta marzo de 2022 cuando funcionarios de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional llevaron a cabo una inspección de sus explotaciones hortofrutícolas bajo plástico.
Relata que los agentes comprobaron al llegar al paraje Puesto Calandina que los invernaderos estaban "con la puerta cerrada con un candado" para "evitar posibles inspecciones" y destaca que, en el momento de la actuación, el empresario "realizó una llamada a uno de los empleados para que se diesen a la fuga antes de la llegada de la Policía".
El fiscal detalla que el supuesto 'modus operandi' del acusado era "buscar" a personas de "origen de subsahariano" que no estuvieran en posesión ni de permiso de residencia ni de trabajo "para encargarles las labores agrícolas" en sus diversas fincas y a quienes pagaba "un salario en efectivo".
Apunta, "a sabiendas de sus circunstancias", que se habría negado "de forma reiterada" a realizarles un contrato de trabajo y señala que, además, les habría advertido de que "él no empleaba a trabajadores con contrato".
"Estas personas aceptaban esas condiciones de trabajo debido a su situación de enorme necesidad y vulnerabilidad", traslada el Ministerio Público, que explica que, el día en el que se realizó la inspección, había empleados en los invernaderos siete migrantes "en situación irregular, sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social".
Afirma, asimismo, el escrito de calificación provisional que algunos de ellos llevaban trabajando en esas condiciones para el acusado desde el año 2019, aunque otros prestaban sus servicios desde hacía apenas unos meses.
Al margen de la pena privativa de libertad como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, la Fiscalía interesa el pago de una multa de nueve meses con una cuota diaria de 20 euros.
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