ALMERÍA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción 2 de Vera (Almería) ha acordado el archivo provisional de la causa penal incoada en mayo de 2016 para investigar un presunto cohecho y malversación en la permuta de unos terrenos entre el Ayuntamiento de Carboneras, siendo alcalde el actual concejal de Ciudadanos, Salvador Hernández, y la compañía cementera Holcim SA que habrían supuesto un perjuicio a las arcas públicas por importe de 28,2 millones de euros.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que el plazo para instruir "está sobradamente expirado" y señala que las única diligencia ordenada tras la denuncia que se interpuso por la Fiscalía Anticorrupción "fue la tasación pericial de los terrenos objeto de la permuta" en diciembre de 2016.
La jueza precisa que, en esa fecha, se declaró completa la causa y añade que, hasta julio de 2018, no se acuerda la prórroga de la complejidad, "una vez expirado el plazo" según subraya, lo que contraviene la ley procesal. "Con posterioridad no se ha adoptado ninguna resolución en el sentido de prorrogar la instrucción, de suerte que la misma está sobradamente expirada", traslada.
El auto, contra el que cabe recurso de apelación, estima que, si bien en marzo de 2022 se acordó mediante providencia dirigir oficios al Registro de la Propiedad de Mojácar y también al Catastro de este municipio, sus resultados "no podrían tenerse en cuenta para sustentar la decisión de transformar" las diligencias previas "en procedimiento abreviado".
En esta línea, subraya que desde mayo de 2016 "ni siquiera" se ha acordado la toma de declaración en calidad de investigados de quien fuera alcalde, Salvador Hernández, y del entonces director de la fábrica de Holcim, y puntualiza al respecto que es "reiterada" la jurisprudencia que "rechaza" que se haga "una vez que ha transcurrido el plazo de instrucción".
"Los hechos por los que se iniciaron las presentes diligencias se han mantenido inalterados desde la denuncia formulada por la Fiscalía, sin que la aparición de hechos nuevos justifique la dilatación de la toma de declaración de los presuntos responsables y su adhesión a la causa con posterioridad", sostiene la jueza.
Al hilo de esto, remarca que resulta "difícil imaginar un escenario" en el que se lleve a cabo la declaración del investigado "fuera" del plazo de instrucción "sin comprometer gravemente el derecho de defensa" y resuelve el archivo provisional de las actuaciones en las que el exalcalde y actual concejal carbonero ha estado defendido por el letrado Juan Marfil.
La Fiscalía Anticorrupción pidió la judicialización de la investigación abierta a raíz de una denuncia anónima al apreciar que los terrenos municipales objeto de la permuta se habrían valorado "muy por debajo de su valor de mercado" mientras que el suelo del que era propietaria la cementera y cedido al Ayuntamiento habrían tenido un "escaso valor económico en comparación".
En su denuncia, el Ministerio Público apuntaba que ese supuesto "favorecimiento" a la multinacional parte de la corporación municipal podría "ser debido a comisiones ilegales recibidas a cambio de facilitar la permuta" y calculaba un presunto "perjuicio" a las arcas públicas "de 28.218.682 euros".
La firma del convenio se remonta al 28 de enero de 2013 y se produjo entre el alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar) y el entonces director de la planta de Holcim SA en Carboneras y representante de la mercantil, José Nars. Posteriormente, fue ratificado en el Pleno ordinario celebrado el 26 de marzo de 2013 por mayoría absoluta de votos favorables. El expediente de permuta se acordó por unanimidad en la Junta de Gobierno local de 23 de mayo de 2013.
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