El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Purchena (Almería) ha archivado dos piezas incoadas por presunta prevaricación contra el alcalde de Olula del Río (Almería), Antonio Martínez Pascual (PP), y el que fuese delegado de Fomento de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Castellón (PP).
En 2017 este mismo tribunal declaró de especial complejidad una causa que fue dividida en tres piezas separadas, entre ellas la ejecución de la obra de adecuación de una rotonda financiada con cargo a los planes provinciales de la Diputación de Almería.
En este caso, se ordenó que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería acreditase las "posibles irregularidades cometidas, y en su caso responsables de las mismas", con la aportación al atestado los expedientes administrativos que "se debieron incoar tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento".
También se solicitó que declarase en calidad de investigado el regidor de Olula del Río, y como testigos el representante legal de la empresa que ejecutó la rotonda y del secretario del Ayuntamiento en el momento en el que se produjeron los hechos.
Ahora, casi cinco años más tarde de la denuncia que hacían "presumir la posible existencia de una infracción penal", "se han practicado todas las diligencias de instrucción jurisdiccional indispensables para la determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho delictivo" y se ha determinado que de ellas "se colige la inexistencia de indicios solventes de criminalidad".
En concreto, el Juzgado se refieres al informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, que "manifiesta no haber indicios de delito en los hechos objeto de esta pieza separada".
"Efectivamente, no resulta debidamente justificada la perpetración de hechos delictivos, toda vez que parece plantearse un posible delito de prevaricación y contra la Administración Pública (...) Así, no se aprecia una conducta orientada finalísticamente a la producción de resultado antijurídico alguno en el comportamiento denunciado", precisa el juez.
De acuerdo al informe del instituto armado, "si bien se ejecutó una obra de adecuación de espacio público en Olula del Río con cargo a planes provinciales de la Diputación de Almería con carácter previo a la adjudicación de la obra a la mercantil (...), con fines políticos, la asunción del gasto por el Ayuntamiento a través de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2/2016 fue conforme al marco regulativo (...), debido a que fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento".
SEGUNDA PIEZA ARCHIVADAOtra de las piezas era la relativa a la adjudicación por el Ayuntamiento de un contrato de obra para la mejora de la eficiencia energética del municipio.
En 2017 se acordó asimismo que declarasen como investigados por un delito de prevaricación y trafico de influencias el alcalde de Olula del Río, y el citado Miguel Ángel Castellón, en aquel entonces diputado provincial de la Diputación de Almería, y el representante legal de la empresa adjudicataria.
"Tras cinco años de instrucción no ha resultado posible recabar los elementos suficientes para considerar justificada la comisión de conducta delictiva por parte de los investigados, no pudiendo afirmarse que en el presente caso concurren elementos objetivos de los que pueda inferirse la perpetración de ilícito criminal, lo cual no puede conducir sino al sobreseimiento de las presentes actuaciones", concluye el juez.
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