Greenpeace ha denunciado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que lo aprobado por el pleno de Carboneras (Almería) con la abstención de la oposición el "nulo de pleno derecho" por un defecto en su tramitación cometido "a sabiendas" y ha pedido a la sala que multe ya al alcalde, José Luis Amérigo (PSOE), por una "nueva maniobra dilatoria" para evitar calificar el Algarrobico como no urbanizable.
El escrito presentado este jueves, apenas un día después del pleno extraordinario y urgente en el que se aprobó anular el sector ST-1 o Algarrobico, y declarar el suelo en el que se levantó el hotel de especial protección, Greenpeace indica que, de acuerdo a la ley vigente, la LISTA, no procedía la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento sin antes aprobarlo de forma provisional y someter el expediente a periodo de información pública.
Argumenta al TSJA que la ejecución de la sentencia firme de 2018 que le obliga a desclasificar el Algarrobico "no puede obviar el someter la modificación puntual a exposición pública para no causar indefensión a terceros como posibles personas afectadas" y advierte de que no hacerlo así "supone su nulidad de pleno derecho de acuerdo con la reiterada jurisprudencia".
"Estamos ante una maniobra dilatoria más del Ayuntamiento de Carboneras para eludir ejecutar una sentencia que es firme desde hace un lustro, aparentando su cumplimiento, pero sin cumplir realmente con lo ordenado", sostiene.
El escrito, consultado por Europa Press, remarca que la convocatoria del pleno extraordinario con carácter de urgencia y "una anticipación de tal solo 24 horas", tiene como objetivo "evitar" la imposición de multas periódicas a Amérigo de 700 euros tras el auto que daba un ultimátum de cinco días el pasado 13 de abril.
Para Greenpeace, no se trata de un "error" ya que el equipo de gobierno de Carboneras "conoce a la perfección los trámites necesarios para llevar a cabo una modificación puntual" ya que, en los últimos años, han acometido 28 modificaciones del PGOU "tal y como admiten", y tilda la conducta del consistorio en este caso "de renuente".
"Esta actitud obstruccionista municipal se debe a dos razones, en primer lugar porque quiere evitar la indemnización a la promotora Azata y a sus filiales y de otra porque ni la mercantil ni el consistorio han renunciado a la apertura del hotel", concluye Greenpeace, que estima que, por tanto, procede "imponer una sanción periódica de 700 euros al alcalde de Carboneras", así como "dar traslado a la fiscalía".
La sesión plenaria del miércoles desarrolló entre reproches y críticas unánimes por parte de la oposición, que se abstuvo debido al trámite seguido por el equipo de gobierno, "saltándose todos los pasos previos" y con "prisas" tras la "amenaza" de multas al alcalde y cuestionó también el procedimiento con un "giro de 180 grados" dado en "apenas un mes" rechazando ser "copartícipes" de un "circo" y "un galimatías jurídico".
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