El presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, ha pedido este miércoles "perdón" a la sociedad almeriense por el retraso en la sentencia de la macrocausa del caso 'Poniente' por una presunta trama de corrupción política y empresarial en El Ejido (Almería) que habría detraído, según la Fiscalía Anticorrupción, más de 71,5 millones de euros de las arcas municipales entre 2002 y 2009.

Tras 589 días desde que el juicio quedara visto para sentencia el 13 de julio de 2021 y después de casi cinco meses de vista oral en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce en Roquetas de Mar (Almería) para garantizar el cumplimiento de las medidas covid-19, que obligó al menos a cuatro aplazamientos y suspensiones --con cuestiones previas abordadas en primera sesión el 10 de enero de 2020--, el caso que explotó policialmente en octubre de 2009 sigue sin una sentencia judicial.

"Como responsable de la justicia en Almería, como primera autoridad, es un tema que me ha preocupado mucho y por eso de antemano pido perdón a la sociedad almeriense por lo que estamos tardando", ha manifestado Columna en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que si bien ha reconocido la "complejidad" de la instrucción y el enjuiciamiento, también ha considerado que el fallo "lleva mucho tiempo" sin revelarse, pero que podría estar listo en marzo.

El presidente de la Audiencia ha reconocido que la dilatación en obtener una sentencia "preocupa al Consejo General del Poder Judicial", que cursó una visita durante el mes de febrero a la Audiencia, así como "al presidente del TSJA", Lorenzo del Río, quien también llegó a manifestarlo públicamente antes de reunirse con los miembros del tribunal a finales del pasado año.

Del mismo modo, ha asegurado que este retraso le ha preocupado "muchísimo" a él mismo, aunque conforme a las últimas conversaciones mantenidas con el magistrado ponente de la sentencia, Jesús Martínez Abad, confía en que la sentencia se pueda notificar a las partes "a inicios" del próximo mes.

Columna ha estimado que "todos los casos en los que se mezclan delitos de carácter económico" y "de corrupción" son "difíciles de enjuiciar y de valorar" en cuanto a sus pruebas, pero en este caso la sentencia que debe determinar a culpabilidad o no del exalcalde Juan Enciso y su exinterventor municipal José Alemán en la supuesta trama corrupta, entre otros, "está tardando demasiado".

"No hemos trabajado bien en general en la Audiencia Provincial y soy el primer responsable de ella", ha lamentado el presidente, para quien en este caso no se estaría cumpliendo con la "tutela judicial efectiva" puesto que "la justicia tiene que dictar sus resoluciones en un tiempo que sea lógico".

Aún así, el magistrado ha apuntado que con este caso se ha "aprendido muchísimo" no solo por parte de los jueces sino también "el propio legislador", de modo que "si hechos similares ocurrieran ahora", la causa "estaría troceada" y no se juzgaría mediante una única pieza "porque así lo manda la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"Habría que dividir la causa, porque estas macrocausas son ahora mismo muy complicadas de enjuiciar y además ocurre que no tenemos experiencia en estos macrojuicios", ha valorado el presidente de la Audiencia almeriense, quien ha considerado que "bastante es que medio pudimos salir" celebrando el juicio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, "en época de covid" y "con todas las medidas de seguridad", ha recordado.

MÁS DE 13 AÑOS DESDE LOS HECHOS

Más de 13 años han transcurrido desde que la Policía Nacional irrumpió un 20 de octubre de 2009 en las dependencias del ayuntamiento ejidense y de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) con participación al 70 por ciento del Grupo Abengoa, y detuvo a una veintena de personas, entre ellas el ex alcalde Juan Enciso y quien fuera el interventor accidental José Antonio Alemán.

La operación 'Poniente' había explotado tras dos años de investigación impulsada por el fiscal Anticorrupción Jesús Gázquez, quien falleció durante la celebración de la vista oral, pero habrían de transcurrir largos años de instrucción para llegar a un juicio partido en dos actos debido a la pandemia, que obligó, además, a varias suspensiones por casos positivos de covid entre las partes.

Ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería que ha presidido la magistrada Társila Martínez y formado por los magistrados Ignacio Gómez Ángulo y Jesús Martínez Abad, quien es el ponente de la sentencia, ninguno de los enjuiciados hizo uso de su derecho a la última palabra.

Tras la práctica de la prueba en fase oral, que comenzó el 16 de febrero de 2021 con el interrogatorio de los acusados, la deliberación acumula cerca de 600 días para una sentencia sobre la que, hasta el momento, se desconoce si se dará o no a conocer en audiencia pública.

En el trámite de informes, el fiscal Anticorrupción Jesús Juan Cruz situó el "origen" de la presunta trama en el "desmedido afán de dinero y de goce del poder" del ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor José Alemán, para quienes interesa penas que suman 40 años de cárcel y multas por importe total de 23,2 millones de euros.

Durante el trámite de cuestiones previas desarrollado en febrero de 2020, el Ministerio Público retiró la acusación por los todos delitos contra la Hacienda Pública relativos a los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 ya que estimó que habrían prescrito, lo que ya supuso rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, para los principales acusados.

Para el fiscal también habría quedado "claro" que lo que todo lo que se "hacía y deshacía" en Elsur "lo conocían el socio privado y el Ayuntamiento ejidense" porque "pensar lo contrario es vivir en un mundo irreal" y que los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán "mientras hacían sus negocios" desde sus subcontratas mediante "sobreprecios" a Elsur "sufragada íntegramente con dinero público, tenían que pagar a todos los que tenían en nómina".

Así, en su informe señaló que el ex interventor "se benefició así" a través de su empresa Sistemas de Dirección SL de "todos los que participaban" en la supuesta trama contratando con Elsur o con el ayuntamiento con "mordidas por valor" de más de siete millones de euros.

Durante la última sesión quedaron, asimismo, exonerados de cualquier responsabilidad penal o civil, al margen del presunto testaferro de Amate, otros cuatro enjuiciados contra los que tan solo formulaba acusación el Ayuntamiento de El Ejido, que actúa como acusación particular. También esta personada IULV-CA como acusación popular.

En el trámite de conclusiones, todas las defensas reiteraron la petición de libre absolución de sus patrocinados y, alternativamente, han solicitado, en caso de que sean condenados por alguno de los delitos que se les imputan, que se les aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y se les rebaje las penas en dos grados.