La Audiencia Provincial ha absuelto al alcalde de Viator (Almería), Manuel Jesús Flores (PSOE), quien enfrentaba una petición fiscal de 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo publicó por presunta prevaricación, tras concluir que en la adjudicación de las obras menores por las que estaba acusado solo hubo "meras irregularidades administrativas claramente subsanables", y que no usó el procedimiento administrativo de "forma torticera y a sabiendas de su ilegalidad", de forma "arbitraria" o "en perjuicio del interés público".

El tribunal, que absuelve también a los concejales del equipo de gobierno, destaca que Flores "puso de forma urgente en conocimiento del pleno para que todos quedaran informados y intentaran buscar una solución" la situación cuando el secretario municipal, una vez ya empezadas las obras, emitió el informe donde detallaba que los acuerdos adoptados "podrían infringir las normas de la contratación administrativa y que debió de haberse utilizado un procedimiento con concurrencia y publicidad y no el de los contratos menores".

"Constituye una muestra precisamente de la clara intencionalidad del acusado", traslada en la sentencia consultada por Europa Press, en la que destaca que la propia denunciante, concejal en la oposición, afirmó en la vista oral haber tenido conocimiento de esas presuntas irregularidades en el pleno que convoco de forma urgente el alcalde socialista pocos días después de emitirse ese informe.

El tribunal indica que las conclusiones que se extraen "de forma clara" de la prueba practicada en el acto del juicio es que "efectivamente existieron tres obras completamente diferenciadas" y que la "intención" tanto por parte de los responsables del Ayuntamiento que encargaron el proyecto como por la arquitecta que lo realizó "es que se tratara de tres proyectos distintos desde el primer momento".

Añade que, al tramitarse de forma conjunta, se inició un solo expediente administrativo "sin que quedara del todo claro para los funcionarios que efectivamente se trataba de tres proyectos, por lo que trataron administrativamente las obras como tres actuaciones o separatas distintas de un único proyecto del que se emitió un único informe técnico en el mismo expediente".

"Se produce, por lo tanto, una irregularidad administrativa, que consistió, no en otra cosa que tramitar un único expediente en un primero momento, pese a que siempre se trató de tres actuaciones diferenciadas y que la arquitecta presentó tres proyectos distintos", traslada la Audiencia Provincial, que añade que "incluso resulta dudoso que pueda atribuirse a los acusados" ya que es el secretario" es el que decide montar el expediente, con ayuda del funcionario que le toca".

Subraya, en esta línea, que si resulta "muy dudoso" en este caso contra el alcalde viatoreño "hablar de una resolución administrativa frontalmente contraria" al ordenamiento jurídico, "menos aún se puede hablar que se trate de una resolución arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia".

La sentencia apunta que, analizando la prueba desplegada en el acto del juicio, resulta "imposible" concluir que las adjudicaciones se realizaran por los acusados "a sabiendas" de que podría ser irregulares o ir contra el ordenamiento jurídico y resalta que "en modo alguno se hizo ningún reparo o advertencia en este sentido por parte del secretario del Ayuntamiento presente en las Juntas de Gobierno donde se acordaron".

El tribunal tampoco detecta "intencionalidad alguna de actuar infringiendo la ley por parte de los acusados en la posterior adjudicación de los columpios y el mobiliario de una de las obras, excluyéndolos del proyecto inicial, ni el en hecho de que en otra de las adjudicaciones "por error se incluyera un importe ligeramente superior al precio fijado en el proyecto técnico, que según admitieron todos los acusados se trató de un error que posteriormente se corrigió".

"La supuesta exclusión en el proyecto inicial de algunas unidades de obra, entendemos que no puede concluirse que se realizara de forma injustificada, ni tampoco puede sostenerse de forma indubitada que la adjudicación por más de la cantidad determinada en el proyecto no se tratara en efecto de un error material", finaliza.

El Ministerio Público atribuía los acusados un presunto delito continuado de prevaricación por el que solicitaba 14 años de inhabilitación para cargo o empleo público a cada uno de ellos al entender que realizaron adjudicaciones de obras menores "sin tramitar ningún expediente" ni "pedir informe a la secretaría-intervención" del Ayuntamiento, de modo que el secretario supo de dichas adjudicaciones el día que se efectuaron en junta de gobierno local "no pudiendo, por ello, realizar una fiscalización de dichas adjudicaciones antes de su realización".

En un comunicado, el abogado Carlos Aránguez, defensa de Manuel Jesús Flores, ha trasladado que en el juicio puso de manifiesto "que no existía irregularidad alguna, a través de la prueba testifical, documental y pericial oportuna" y ha celebrado la sentencia absolutoria "con todos los pronunciamientos favorables, tanto para el alcalde como para todos los concejales injustamente acusados".

Según relata, los hechos se remontan al año 2017 cuando, con mayoría absoluta, el alcalde promovió tres actuaciones urbanísticas en el municipio de Viator: la Plaza Candela, la Escalera del Cerro de la Cruz y el Mirador del Cerro de la Cruz.

Añade que inicialmente se aprobó un único crédito presupuestario para estas tres obras, que fueron consideradas como un único expediente administrativo, pero posteriormente se fraccionaron en tres contratos, cada uno de ellos inferior a 50.000 euros, considerándose obra menor.

Estos tres contratos fueron adjudicados en juntas de gobierno los días 9 y 20 de noviembre de 2017, sin que el Secretario del Ayuntamiento manifestara reparo alguno, pese a ser el garante de la legalidad en los distintos órganos municipales.

"Sorpresivamente", según la defensa, el 6 de enero de 2018, el entonces secretario del Ayuntamiento de Viator emitió una "dura nota de fiscalización en la que cuestionaba la legalidad de dichos contratos".

"Por supuesto, todos los miembros de la corporación municipal fueron informados en el siguiente pleno municipal, celebrado el 29 de enero, por el alcalde, pero la concejal que lidera la oposición y anterior alcaldesa interpuso una denuncia penal", concluye el comunicado.